Acuerdo Nacional por La Araucanía

El presidente Sebastián Piñera anunció, en Temuco, una serie de medidas por el desarrollo y la paz en La Araucanía que, según se desprende de un video promocional del propio gobierno, pretenden superar las dificultades que ha tenido la región para desarrollarse en plenitud "por la dificultad de lograr una convivencia intercultural pacífica".

Para ello se anuncia la constitución de un Consejo por el Reencuentro de La Araucanía, integrado por representantes de distintos sectores de la región y la implementación de medidas para brindar ayuda estatal a mapuches y no mapuches "que han sido víctimas de hechos de violencia rural en La Araucanía".

El Acuerdo anunciado parece positivo en cuanto a establecer mecanismos permanentes de diálogo entre las partes. Habrá que asegurar la simetría en el poder de los grupos representados, lo que implica que el Estado disponga las asesorías, apoyos logísticos y económicos que permitan compensar las evidentes diferencias socioeconómicas entre ellas.

Lo que no parece pertinente es restringir la ayuda solo a las víctimas de la violencia rural y excluir a aquellas que han sido lesionadas por la actuación policial. Son varias las sentencias relativas a recursos de amparos que han identificado fuerza excesiva e injustificada en procedimientos policiales y que han tenido por víctimas, por ejemplo, a niños mapuches. Otro tanto han hecho reiterados informes de organismos internacionales que han analizado el proceder policial.

A lo que se agrega en este punto, los procedimientos judiciales que han implicado largos períodos de privación de libertad para mapuches y que luego resultan absueltos por falta de prueba, o derechamente, por investigaciones espurias e irregulares. Valga de ejemplo al respecto la tristemente famosa "Operación Huracán". ¿Para los perseguidos injustamente por el propio aparato estatal no se contemplará indemnización?

Además el Acuerdo anunciado por el Presidente dispone de medidas de reconocimiento y valoración a la diversidad cultural, como lo es una reforma constitucional. Igualmente, se pondrá urgencia a los proyectos de ley que crean el Ministerio y Consejo de Pueblos Indígenas, presentados por el anterior gobierno. Y se avanzará "en una ley de cuotas mínimas para promover mayor participación política de los pueblos indígenas".

El reconocimiento constitucional ha sido anunciado más de una docena de veces y actualmente hay 4 proyectos de ley en tramitación.  Nunca han tenido éxito iniciativas de este tipo, pero ahora que lo presente un gobierno de derecha implica un cambio de eje significativo y abre mayores posibilidades de éxito en su tramitación. Difícilmente sería admisible que la izquierda rechace el reconocimiento constitucional cuando ha sido tantas veces su promotora.

La reforma, empero, debe contemplar el derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas dentro del Estado. Debiera ser el principio consagrado constitucionalmente, que debe conciliarse con otras exigencias constitucionales y desplegarse en el tiempo en base a un diálogo constante con los pueblos involucrados para alcanzar acuerdos satisfactorios para ambas partes.

En cuanto a la propuesta, sólo enunciada ambiguamente, de contemplar cuotas mínimas en materia electoral, sólo se limitaría a cuotas para los candidatos a cargos de elección popular. Esto, además de generar un riesgo de captura de los dirigentes indígenas por parte de los partidos, resultaría derechamente insuficiente si se quiere asegurar la participación. Nos encontramos con un cambio interesante en la lógica liberal de la coalición gobernante, reacia a incorporar medidas de discriminación positiva, pero parece planteada con una timidez extrema.

En materia de tierras indígenas, el anuncio parece enfocarse en favorecer una explotación más intensa de ellas y liberar las restricciones actuales que existen en su goce y disposición. Como esas cuestiones están actualmente reguladas por ley, y tienen un alcance general a todos los pueblos indígenas, es de presumir que el gobierno va a presentar una iniciativa legislativa al respecto previo proceso de consulta indígena. Con todo, las medidas parecen responder mucho a una lógica productiva y poco a una relativa a la protección de las tierras indígenas, y mucho menos a una política enfocada a la restitución de las tierras ancestrales, como lo obliga el Convenio 169 de la OIT. Se pueden buscar distintas alternativas para el cumplimiento de esa obligación, con toda la flexibilidad que permiten los procesos de participación y consulta, pero ellas no pueden ser olvidadas.

Respecto al tema cultural, el Acuerdo dispone la elaboración de un instructivo presidencial de lengua y ceremonial intercultural para los funcionarios públicos, la generación de una mesa de trabajo para verificar la pertinencia intercultural de los textos escolares de historia, y potenciar el rol de las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas y la medicina mapuche. Anuncios valiosos, pero que hacen poco honor a la promoción de una cultura autónoma y solo atienden a hacer menos conflictivas las relaciones entre las distintas formas de vida. Objetivo positivo pero mezquino en su alcance

Por último, en materia de desarrollo económico se anunció la implementación de un Plan Impulso Araucanía, que contempla una inversión pública en un periodo de 8 años equivalentes a un aporte de US$8.043 millones.

El desarrollo económico en la zona es fundamental, junto a un rol activo del Estado. Pero nuevamente se puede caer en un voluntarismo que frustre el objetivo. Han sido muchas las iniciativas económicas para promover el desarrollo en la zona que han fracasado por la falta de pertinencia cultural. No hay que olvidar todo el dinero invertido en lo que se llamó el Programa Orígenes y el poco efecto que este tuvo a nivel desarrollo y superación de la pobreza.

Con todo, hay que destacar la decisión y voluntad que ha mostrado el gobierno en la materia. Se ha visto una presencia y un despliegue en la zona que ha logrado romper con una inercia que ofrecía muy pocas esperanzas de solución al conflicto en la zona. Resta esperar cómo se concretan los anuncios y la capacidad política de las partes para alcanzar acuerdos.

Para ello el gobierno tiene que hacer el esfuerzo de involucrar a una gama más amplia de actores indígenas que puedan dar legitimidad y viabilidad a cualquier solución de largo plazo. Y la parte indígena, debiera ocupar los espacios políticos que se abren actualmente para avanzar en un escenario que si bien no es óptimo, es más auspicioso de lo que se veía hace un buen tiempo.