Por Gloria de la Fuente, presidenta de la Fundación Chile 21
Es difícil ser optimista por estos días en que, como ha dicho el propio ministro de Salud, “navegamos en una suerte de oscuridad” producto del “derrumbe del castillo de naipes”, cuyas cartas parecían tan prolijamente puestas desde que nos dijeron que todo se venía planificando hace meses. Muchos ya lo anticipaban, las medidas sanitarias no estaban siendo efectivas, los fundamentos de ellas eran confusos y no era momento de sacar cuentas alegres con apenas un par de puntos en las encuestas, porque lo relevante de esta pandemia no es cómo se entra a ella, sino cómo se sale en un mundo que aún no encuentra cura para la enfermedad. Es en este escenario que se ha planteado cada vez con más fuerza y por muchos actores, la necesidad de concurrir a un acuerdo nacional y a un nuevo pacto social, pero creo que vale la pena desmenuzar de qué se trata aquello para no volver a cometer los errores del pasado.
La coyuntura sanitaria nos hace olvidar, a ratos, que parte importante de la situación que estamos viviendo no solo devela, sino que le da contenido al estallido social que vivimos hace apenas un par de meses. Se tiende a olvidar con frecuencia que la desigualdad en Chile, como muchos han señalado, no es solo pobreza ni desigualdad del ingreso, sino condiciones objetivas de precariedad, que han hecho que el Covid-19 se propague en velocidades inusitadas. Las condiciones sanitarias insuficientes, la precariedad del empleo, las condiciones de hacinamiento en que viven muchas personas, con la problemática no solo sanitaria, sino que social y los déficit de un Estado que debe responder de mejor manera a las necesidades de las personas son solo la guinda de la torta. Nuestro Estado, lejos de ofrecer condiciones de bienestar que colaboren para navegar en la incertidumbre, puede apenas ofrecer algunas medidas de emergencia que se hagan cargo, en lo inmediato, de los efectos impredecibles de esta coyuntura crítica en el largo plazo.
Así las cosas, es un imperativo moral para todos los demócratas estar dispuestos al diálogo y a la posibilidad de acuerdos, pero ello también supone algunas condiciones. Por lo pronto, frente a una situación crítica como la que enfrentamos, la disposición al diálogo de la autoridad debe implicar enmendar el rumbo y entender que un gran acuerdo nacional para enfrentar la situación sanitaria y la creciente y evidente crisis social, exige pensar fuera de los dogmas. Se debe entender que es preciso que, para invitar a dialogar, se necesita tener disposición a escuchar, a corregir y a enmendar el rumbo. Durante días se sostuvo en el Parlamento que era imposible aumentar el ingreso familiar de emergencia, pero varios economistas que han asesorado al Colmed señalaron que es posible abrir la billetera fiscal y pensar en medidas sociales que apunten a aumentar los ingresos de las familias que van a enfrentar situaciones de desempleo. Los próximos meses serán muy duros para todos y ello requiere que, especialmente la autoridad, esté a la altura.
En el mediano y largo plazo, no obstante, no bastará con la sola existencia de un acuerdo nacional que enfrente la contingencia sanitaria. Si el mensaje que nos ha dejado el estallido social y la pandemia se han entendido de manera adecuada, no es posible avanzar si no hay acuerdo para alcanzar un nuevo pacto social, cuyo sentido más profundo no solo es el debate constitucional, sino resignificar como somos capaces socialmente de construir un Estado, un modelo de desarrollo y un sistema político que se haga cargo de la vulnerabilidad, donde seamos capaces en el futuro de, en honor a las miles de víctimas que nos dejará esta tragedia, entender que no solo la solidaridad nos va a salvar, sino que también la capacidad de construir un modelo donde nadie se quede atrás.
