¿Adiós a la casa propia?

Si hoy los chilenos afrontan crecientes dificultades para obtener una casa propia, mañana esta situación podría ser aún más grave y casi la totalidad de las familias quedar sin posibilidades de cumplir este anhelo.

Esto porque, además del impacto inflacionario de un eventual cuarto retiro de fondos previsionales y el consiguiente aumento de las tasas de interés, el proyecto de ley que establece un segundo anticipo con cargo a las rentas vitalicias podría dañar irremediablemente una de las bases del sistema que permite a la inmensa mayoría de las personas obtener los recursos para comprar una vivienda.

En la práctica, al fijar condiciones incumplibles para el reintegro total de los fondos anticipados y hacerlas retroactivas, este proyecto comprometerá la viabilidad futura de las compañías de seguros. De acuerdo a datos de la industria, en lo inmediato, les generaría una pérdida de aproximadamente US$ 2.300 millones, lo que representa más del 50% del patrimonio de la industria de rentas vitalicias.

En palabras de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), estaríamos ante “el mayor escenario de riesgo que el sistema financiero haya enfrentado en los últimos 35 años”, estimando que, de llegar a cobrarse el máximo de anticipos posibles, “siete compañías enfrentarían problemas de liquidez en un horizonte de un año”.

Y resulta que si hoy existen créditos hipotecarios de largo plazo –además de recursos para el desarrollo de la infraestructura que necesitan los países y las comunidades– es porque son financiados por los fondos administrados por las AFP y las compañías de seguros al adquirir de bancos y otras instituciones los instrumentos de deuda que respaldan las operaciones hipotecarias.

De aprobarse la ley, pronto nos encontraremos en condiciones similares a las de muchos países de la región: con un mercado de deuda hipotecaria mínimo y la vivienda convertida en un bien de lujo.

Así, las familias de sectores emergentes y de clase media –que muchos de quienes apoyan este proyecto dicen ser férreos defensores– simplemente ya no podrán acceder a un crédito hipotecario y, con ello, perderán toda esperanza de obtener una casa propia.

Para los especialistas, existen tres elementos fundamentales sobre los que en las últimas décadas han descansado las posibilidades de los chilenos de obtener una vivienda: políticas públicas implementadas en colaboración con el sector privado, una inflación bajo control y un mercado de capitales que permite transar instrumentos de deuda.

Asegurar la estabilidad de cada uno de estos pilares, y luchar contra el creciente déficit habitacional, es una responsabilidad compartida entre múltiples actores y que el mundo político no puede eludir.