Admisión Escolar, el momento de las oportunidades

Este 19 de agosto debuta la postulación en la Región Metropolitana del Sistema de Admisión Escolar (SAE), proceso que es resultado de la Nueva Ley de Inclusión que fue aprobada por el Congreso el año 2015 y que entró en vigencia el año 2016 en todo el país.  Sin embargo, a pesar de los distintos problemas para difundir en forma apropiada este enorme esfuerzo del Estado en una materia tan sensible como la inclusión de miles de estudiantes al sistema escolar de forma democrática y participativa, hay ciertos elementos que vale la pena recordar.

Desde que el sistema se ha aplicado gradualmente en todo el país, diversos directores y directoras de escuelas que fueron consultados a través de un estudio que realizamos el 2018 en el marco del Centro de Desarrollo de liderazgo directivo – CEDLE- para recabar antecedentes empíricos sobre los inicios de la implementación de la Ley de inclusión en el país, se puede constatar que los directores comparten que los principios de la Ley de inclusión son justos. Estos quiere decir en términos generales que, eliminar el lucro, la selección y el copago promueven mayor justicia educacional. Sobre ello no hay mayores disidencias.  Una buena escuela educa a todos los niños y niñas sin importar sus antecedentes económicos ni académicos. Este ideario de justicia es fundamental en un sistema escolar que entiende que la calidad está relacionada con la inclusión y la integración social. Sin embargo, el problema principal radica en que estos líderes escolares saben que requieren apoyos y soportes para pensarse más inclusivamente. Este es el centro del problema. Directoras y directores entienden que necesitan más capacidades profesionales, menos presión frente a los resultados del SIMCE y más tiempo para adaptar el curriculum a la creciente multiculturalidad de las escuelas.

No detectamos en el estudio una demanda por no educar a los niños y niñas que no tienen promedio sobresaliente, o por reponer la selección como forma de filtrar a las y los estudiantes que resultan más complejos de formar en la escuela. Por el contrario, existe un compromiso ético con la justicia educativa y por el derecho a la educación de todos los niños y niñas. Pero este compromiso subsiste con la impotencia de no contar con las condiciones suficientes para que todas las escuelas logren los requerimientos de calidad exigidos por el Estado.

En suma, nuestro estudio indica que los establecimientos educacionales requieren ser apoyados y están lejos de demandar nuevas barreras selectivas para los y las estudiantes. Considerar la opinión de directores y directoras es fundamental en cualquier proyecto de mejora escolar. Parece importante en este momento detenerse en escucharlos y alentar su ideario de justicia educativa.

Hoy tenemos la oportunidad de construir una educación de calidad, colaborativa, creativa y diversa y que por lo mismo, profundizar las oportunidades de manera democrática, abierta y moderna es un imperativo. El sistema ha logrado que el 80% de los alumnos quede seleccionado entre sus tres primeras preferencias de escuela, y el 60% de ellos en la primera. Si hacemos un esfuerzo por difundir este sistema en forma adecuada, vamos a perfeccionar la inclusión y la admisión de miles de estudiantes y estaremos trabajando por su futuro y por un país más justo en materia educacional.