Admisión justa: no restarse de la discusión

Ante la negativa de la oposición de siquiera discutir el proyecto de ley de Admisión justa –que repone en el margen ciertos espacios de selección en el sistema escolar-, el Ministerio de Educación ha decidido modificarlo, separándolo en dos iniciativas. Si bien no se conoce el texto, la idea es que se discuta, por una parte, la admisión de los liceos de alta exigencia, y por otra, modificaciones más profundas al Sistema de Admisión Escolar (SAE), que opera para la casi totalidad de los establecimientos subvencionados.

La estrategia es inteligente. Buena parte de quienes impulsaron la Ley de Inclusión no quedaron satisfechos con que los colegios emblemáticos, de probada calidad y considerados fuente de movilidad social a través de la educación, quedaran impedidos de pedir requisitos académicos a los postulantes. Como ocurrió con varios proyectos legislativos, muchos parlamentarios fieles al gobierno anterior sintieron que su visión no fue considerada y que primó la solución extremista pero efectiva de simplemente prohibir. Esto los llevó incluso a suscribir una moción parlamentaria para reponer la selección en colegios de alta exigencia, condicionada a criterios de inclusión socioeconómica. Al separar el debate sobre estos casos particulares, el Ministerio podría lograr que estos opositores, hoy quizás algo más libres de la rigurosa disciplina de ser gobierno, se allanen a discutir la idea de legislar.

La decisión del Mineduc también tiene ventajas políticas para la oposición, aunque quizás ésta última no lo note. Es un hecho que existe insatisfacción en muchas familias con el Sistema de Admisión Escolar, en particular en padres que ven que las buenas calificaciones y asistencia de sus hijos no son reconocidas en un sistema que trata a todos por igual. También es un hecho que el responsable del SAE, sus virtudes y defectos, es la oposición. Apoyar el proyecto de Admisión Justa para los colegios de excelencia les permite ser parte de la solución, contribuyendo a mejorar algo que a ojos de un sector de la ciudadanía requiere cambios. Quizás vale la pena la conversación, aunque los comisarios de la pureza ideológica se molesten.

Pero hay también riesgos. El gobierno debe tener especial cuidado en que estos parlamentarios no desechen un proyecto por el otro, pues el resto de la iniciativa de Admisión Justa es muy relevante. La modificación general del SAE, no solo la referente a los liceos emblemáticos, es una materia que vale la pena discutir, sobretodo porque hoy se cuenta con mucha información y datos reales sobre las formas en que eligen los padres y los resultados del algoritmo.

El mayor valor del proyecto de Admisión justa, y de la gira de la Ministra Cubillos, es haber puesto sobre la mesa una discusión que la oposición quiere a toda costa acallar: la opinión de los disconformes. De la minoría, sí se quiere. Pero no por ello deben ser condenados al silencio, o ser minimizados, menospreciados con condenas moralistas u hostigados con porcentajes de éxito que en nada solucionan a su problema particular: sus hijos fueron asignados a un colegio que no eligieron. La oposición debe enfrentar los cuestionamientos a los resultados, buenos y malos, de la materialización de lo que diseñaron, y la distancia entre la utopía que se planteó y la queja de quienes lo usan. Y abrirse a mejorarlo. Sería lamentable que el Congreso no estuviera dispuesto a eso.