¿Agencia de empleo fiscal o un Estado que invierte bien nuestros recursos?

La semana pasada los ministerios de Hacienda y de Desarrollo Social informaron los resultados del proceso de monitoreo y evaluación de los programas públicos. En dicho proceso se evaluaron 687 programas públicos, cuyo gasto alcanzó casi $30 mil millones y de los cuales 470 correspondían a programas sociales. De acuerdo con lo señalado, la evaluación midió los programas en términos de eficiencia, eficacia y focalización de los mismos.

Los resultados de la evaluación indicaron que, de los programas evaluados, 4 de cada 10 están mal focalizados, esto implica, que el destino de los recursos no está llegando a la población para la cual fue diseñado el programa, sino a otras personas; que casi 1 de cada 10 programas no cumplió con el criterio de eficacia, es decir, el programa no logró cumplir con el objetivo buscado, y 1,5 de cada 10 programas no fue eficiente en el uso de los recursos, o sea, gastó más de lo necesario.

Como parte del proceso de presentación del Presupuesto fiscal para 2021, el ministro de Hacienda anunció que el presupuesto para el próximo año sería distinto de los anteriores -algo que no debería sorprendernos, dadas las circunstancias que vive nuestro país. Esto fue interpretado por los parlamentarios del oficialismo, con quienes el ministro se juntó para explicarles el presupuesto, como la eliminación de los programas mal evaluados. Pero como el ministro también indicó que el presupuesto 2021 no tendría “ni un peso menos” destinado a gasto social, eliminar programas mal focalizados o ineficaces debería significar al mismo tiempo, nuevos programas de gasto social que busquen mejorar focalización y eficacia.

Cualquier empresario, emprendedor, dueña de casa, en general, cualquiera que haya debido administrar recursos, no encontraría en los sucesos recientemente descritos ningún problema. En efecto, la reasignación de recursos desde procesos ineficientes a otros que den mejores resultados es parte de la evolución de nuestra civilización.

Pero ¡sorpresa! hay quienes están en contra de la evolución, y lo hacen con recursos ajenos.

Ante la posibilidad de eliminar programas mal evaluados, por estar mal focalizados o ser ineficientes o ineficaces, la oposición al gobierno salió en masa a “advertir” que no permitirá cierre de programas fiscales, en parte por la pérdida de empleo que ello implica, sin siquiera detenerse a considerar que los nuevos programas implicarán creación de empleos y el efecto neto en el empleo debería tender a cero.

Lo destemplado de las reacciones de los parlamentarios de oposición, nace de que muchos de ellos han “apitutado” a personas de sus partidos en puestos fiscales, y que ante la falta de capacidades de estos “apitutados”, ellos deberían enfrentar el mercado laboral, como lo hacemos cada uno de los ciudadanos de a pie.

Tan palpable es lo anterior, que ante los cuestionamientos hechos por los diputados Giorgio Jackson y Daniel Núñez, el ministro declaró que ellos “deslizan algo así como que el Estado tiene que ser una agencia de empleo, y eso es exactamente lo que no debe hacer el Estado”.

Que el Fisco se ha convertido en una agencia de empleos de los parlamentarios, de cualquier color, no es novedad para ninguno de los ciudadanos con más de dos dedos de frente, pero que los parlamentarios salgan a defender a sus protegidos, amenazando al gobierno, cuando este quiere eliminar programas que no sirven y que se realizan con nuestros recursos, es por decir lo menos, indignante.

Lo que los parlamentarios que tan fieramente protegen programas mal evaluados olvidan que no son ellos quienes les pagan a sus protegidos o apitutados, sino que somos nosotros, los trabajadores, quienes no solo les pagamos a los parlamentarios, sino también a sus apitutados, y que el gobierno, en su tarea de hacer uso eficiente de los recursos, está en todo el derecho de eliminarlos, para reasignar dichos recursos a programas que cumplan con ayudar a generar empleo y apoyar los ingresos de quienes más están sufriendo con la crisis económica que ha generado la pandemia.

-La autora es economista jefe de Dominus Capital