Agravamiento de la crisis en Nicaragua

La violenta crisis política que atraviesa Nicaragua no es nueva, viene desarrollándose ante la mirada de la comunidad internacional desde hace años, tras el sostenido acaparamiento de los espacios de poder por parte del régimen de Daniel Ortega. Casi en paralelo a la deriva autoritaria observada en los últimos años en Venezuela, el gobernante nicaragüense fue tomando el control, desde su llegada a la presidencia en 2007, de los distintos organismos del Estado. Sus hijos ocupan altos cargos clave en el gobierno, en las empresas públicas y en medios de comunicación proclives al régimen, mientras que su esposa se convirtió formalmente en enero de 2017 en vicepresidenta del país, trasparentando un poder que ya venía ejerciendo en la práctica. Todo generó una sostenida y acelerada degradación institucional que terminó estallando hace tres meses, luego de la polémica decisión del gobernante de impulsar un cambio al colapsado sistema de seguridad social del país.

La reforma previsional -que fue revertida por el gobierno poco después de iniciadas las protestas- se convirtió así en el catalizador de un descontento mucho más profundo que se alimentaba del sostenido abuso de poder impuesto por el régimen de Daniel Ortega, que no solo llevó a que muchos de sus antiguos aliados se alejaran de él sino que incluso motivó comparaciones con el exdictador nicaragüense Anastasio Somoza, al que el propio Ortega combatió. De la mano de las fuerzas de seguridad y de grupos paramilitares apoyados por el gobierno, el régimen ha llevado a cabo en estos tres meses una violenta represión contra los manifestantes opositores que ya acumula más de 300 muertos. Un hecho que sumado al fracaso de la mesa de diálogo encabezada por la Iglesia Católica revela una "situación alarmante y que cada día empeora más", según palabras del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH).

En ese sentido es un paso positivo la dura condena expresada el lunes por 13 países de la región -incluido Chile- en la que se "exige el cese inmediato de los actos de violencia (…) y el desmantelamiento de los grupos paramilitares" y se llama a "reactivar el diálogo". Como también lo es la aprobación ayer de una resolución de la OEA que "condena" la represión y "urge al gobierno de Nicaragua a participar activamente y de buena fe en el Diálogo Nacional". Pero a la luz de los niveles de violencia en el país ambas declaraciones no sólo resultan insuficientes sino que vuelven a demostrar la tardía reacción de la comunidad regional ante un caso evidente de violación de los DDHH y de pérdida de garantías democráticas. Y en el caso de la OEA, la crisis nicaragüense deja nuevamente en evidencia sus limitaciones y, la ineficacia de la Carta Democrática Interamericana.

Es, sin duda, importante que la crisis esté hoy en el foco de atención mundial y se hayan redoblado los esfuerzos internacionales para poner fin a la violencia y regresar a la mesa de diálogo. Sólo así será posible buscar un acuerdo que permita adelantar las elecciones y darla una salida institucional a la crisis. Sin embargo, como ha advertido el secretario de la CIDH, el riesgo es que ya sea demasiado tarde y que "los caminos de una solución pacífica" se hayan vuelto "inviables".