Agua y cambio climático: un problema de bienes públicos

Nuestro país ha experimentado una baja sostenida en las precipitaciones, sobre todo en las regiones del centro del país. Según datos de CR2, entre la IV y la IX región desde el 2010 hay un 30% de déficit de precipitaciones, lo que sumado a las altas temperaturas que han exacerbado la evaporación de las aguas, han configurado un escenario de megasequía sin precedentes en nuestro país. Este fenómeno, estrechamente relacionado con el actual estado de emergencia climática en el que nos encontramos, tiene efectos dramáticos: los ríos de esta zona alcanzaron déficit de hasta un 70% sus caudales, hecho también registrado para los embalses y otras fuentes de agua subterránea.

En Chile, uno de los 10 países más afectados por el cambio climático, el problema del agua se está volviendo crítico. Está impactando las economías locales y el suministro de agua potable en múltiples territorios de nuestro país.  Entre el 2011 y el 2014, los gastos de Onemi en distribución de agua en camiones a la población se han triplicado, siendo la IV, la V y la VIII las regiones más afectadas. El efecto de esta megasequía no es igual para todos: en un escenario de escasez hídrica, existe una importante concentración de derechos de agua en manos de privados, sobre todo en el caso de aquellas regiones en las que existen enclaves mineros o agroindustriales, lo que con el tiempo ha ido propiciando agotamiento de las cuencas y napas subterráneas.  Como ejemplo de esto y según los datos del la DGA, es que en la región en donde se emplaza Chuquicamata, una de las más áridas del mundo, el 95% de las aguas subterráneas ya se encuentran inscritas a nombre de las empresas mineras.

Este hecho ha estado en el debate este año a partir de la modificación al Código de Aguas, artefacto jurídico promulgado en la década de los ochenta que consagra la existencia de recursos hídricos privados. La discusión, encendida por la intención de incorporar indicaciones que permitieran la entrega de derechos de agua a perpetuidad a privados, ha alcanzado el corazón del problema del recurso hídrico en Chile: debemos restablecer en el debate que al hablar de agua estamos hablando de un bien público. Desde esta perspectiva, su propiedad, uso y distribución en un escenario de emergencia por cambio climático, debiera tener al centro el bienestar de la población. La discusión sobre la modificación del Código de Aguas no ha incorporado de manera sistemática y seria que los datos nos indican que la escasez no es un evento excepcional: a partir de los efectos del cambio climático será un fenómeno prolongado y recurrente, que requiere de acciones del Estado en miras del aseguramiento del suministro básico para la población y su bienestar.  

En este escenario también es conveniente discutir desde esta arista el servicio de abastecimiento de agua potable de las ciudades, actualmente en manos de privados, puesto en tapete en los últimos años a partir de los cortes masivos de Aguas Andinas en Santiago y la reciente situación de Osorno.  Estas situaciones de desabastecimiento han mostrado los límites de nuestra institucionalidad, incluso en la persecución de sanciones y reparación de situaciones de tan extrema gravedad, que afectan el normal desarrollo de las actividades de ciudades completas y los derechos de sus habitantes. Así, cuando hablamos de mitigar y prepararnos para enfrentar los desafíos que nos impone el cambio climático como nación y como futuro anfitrión de COP25, es central que seamos capaces de revisar nuestra propia forma de pensar el agua en este contexto de emergencia, atendiendo a las prioridades que establece el derecho humano agua consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.