Este año el SAE cumple 10 años de implementación. Consignemos que en promedio 1/5 de los colegios tienen sobredemanda aplicándose así los criterios de prioridad y aleatoriedad. En la mayoría restante todas las familias que postulan son aceptadas. El SAE ha permitido conocer las preferencias de las familias, introducir transparencia y resolver con criterios de justicia la distribución de cupos. En el pasado, toda la admisión a colegios en Chile era opaca, lo que la sociedad consideró injusto al tratar desigualmente a sus miembros. Pero prácticamente desde el primer día el SAE fue controversial. Cuestión paradojal pues en promedio, en una década, más de la mitad de las familias queda en su 1° preferencia. Y al desagregar por nivel de enseñanza, en prekínder, el 80% queda en igual posición, lo que muchas familias especialmente desaventajadas celebran al ser tratadas ahora como iguales.

Pero en subgrupos específicos el panorama cambia. Alrededor de la mitad de los estudiantes de alto rendimiento no quedan en su 1° preferencia, resultado estimado injusto por sus familias, al considerar que el esfuerzo debe ser decisivo a la hora de distribuir oportunidades. Lo mismo sucede con estudiantes con NEE o en pobreza, donde se reclama que los criterios de prioridad existentes no responden a la parcialidad de trato que ciertos niños/as debiesen tener respecto de otros. Se trata de ideales de justicia disímiles que no se ajustan a los que han predominado en el SAE. Por eso la satisfacción con el SAE difiere en razón de los intereses que favorece. La evidencia muestra una fuerte correlación entre las notas de evaluación al SAE y la posición de la escuela preferida asignada. En el fondo, el SAE devela que los criterios de justicia con que dirime son disputables y han levantado expectativas de ajuste. La controversia es un espejo de ideales de justicia educativa que cohabitan y que el SAE ha permitido conocer pero no procesar ni resolver.

Así, la misión esencial de la Mesa del SAE fue escuchar y procesar, con medidas operativas, comunicacionales y reglamentarias. Esa recalibración se materializa en una propuesta de 10 dimensiones. A saber, bajo un ideal de justicia inspirado en la idea de favorecer al más desventajado en las oportunidades del sistema escolar, la Mesa propone incluir nuevos criterios de prioridad obligatorios (estudiantes con NEE y en revinculación), al tiempo que corrige el criterio de hermanos (como justicia de reconocimiento, ampliando la consanguinidad) y amplía de 15% a 50% estudiantes prioritarios. También, extiende una visión de justicia meritocrática al mejorar la probabilidad de estudiantes de alto rendimiento previo (liceos de alta exigencia y criterio de prioridad voluntario basado en rendimiento). Asimismo, la Mesa introduce un principio de justicia participativa al proponer una serie de medidas en favor de los sostenedores/directores que aumentan sus prerrogativas, toma de decisiones e instrumentos (criterios voluntarios de prioridad, manejo casos especiales, manejo cupos para estudiantes con cambio en colegios mismo sostenedor, manejo de vacantes excepcionales, promoción de proyectos educativos).

En suma, en una sociedad democrática, ningún interés o valor tiene un peso normativo mayor, definitivo y excluyente. De lo que se trata es equilibrar y articular, en este caso, ideales de justicia educativa. El trabajo de la Mesa ha reequilibrado las expectativas educacionales de las familias y comunidades. Ahora será misión del Parlamento discernir sobre un ajuste final que maximice el bienestar general.

Por Alejandro Carrasco, decano Facultad de Educación UC, e investigador Centro de Justicia Educacional UC