Alcances de la reforma al sistema previsional

Los sistemas de pensiones en el mundo se han vuelto cada vez más gravitantes para la política y los programas de gobierno. En la medida que la población envejece -debido a la mayor esperanza de vida y la menor tasa de natalidad- y, como resultado, la fuerza laboral joven o bien es escasa en términos relativos o bien se organiza de maneras distintas a las convencionales, los esquemas de aportes a la jubilación basados en sistemas de reparto han fracasado, arrastrando a las cuentas fiscales de diversas economías por todo el mundo.

Parece haber suficiente coincidencia en que el esquema de pensiones de Chile, pese a ser uno de los más avanzados del mundo -la consultora Mercer lo ubicó en el octavo puesto-, necesita perfeccionamientos. Es por esto que el reciente proyecto de reforma previsional anunciado por el gobierno era tan esperado. La iniciativa contempla aumentar las cotizaciones en 4,2 puntos porcentuales -a costo del empleador-, lo que implica un aumento en los aportes a las cuentas individuales pasando de 10% a 14%, mientras el 0,2% adicional irá a financiar un seguro de dependencia para aquellos que deban jubilar por pérdida de capacidades intelectuales o físicas. Además, el proyecto contempla mayores aportes fiscales para el Pilar Solidario e incentivos para postergar la jubilación, entre otras disposiciones.

En líneas generales el proyecto es un avance para mejorar las pensiones en Chile, ya que fortalece el modelo de capitalización individual vigente y crea un mejor diseño de protección social a aquellos que no logren una jubilación mínima. Además, introduce algunos espacios de mayor competencia al permitir que nuevos actores -diferentes a las AFP- administren el 4% de cotización adicional.

No obstante, la iniciativa podría haber sido más ambiciosa. Los determinantes de las pensiones a nivel individual son claros: monto y regularidad de las cotizaciones, edad de jubilación y rentabilidad neta en la administración de los fondos. La reforma, pese a que eleva el porcentaje de las cotizaciones a 14%, no alcanza el promedio de la OCDE, actualmente en 19%. Se esperaba además que corriera el límite en la edad para jubilar, sobre todo en el caso de las mujeres, las que hoy legalmente pueden pensionarse a los 60 años, una edad temprana considerando el alza sostenida en las expectativas de vida.

Pero quizás donde más se extrañó una mayor audacia fue en la introducción de más competencia en la industria. Es difícil entender que si existían argumentos de fondo para permitir la entrada de nuevos actores -con requisitos elevados- en la administración de las cotizaciones adicionales, no se incluyera también a los fondos correspondientes a la cotización obligatoria. Una mayor competencia presiona a la baja los costos de administración e incentiva la búsqueda de mayor rentabilidad para los fondos.

Es lamentable que sectores de la oposición hayan anunciado de antemano que desestimarán este proyecto -con escasa voluntad de diálogo-, sin explicar cómo un país que carece de holguras fiscales, con mayor esperanza de vida y con una fuerza de trabajo más reducida puede prescindir de un sistema de capitalización individual.