Cumplir con el programa de gobierno es más que un acto de gobernanza, es valorar y reforzar la confianza que los votantes depositan en sus autoridades. Sabemos que siempre habrá ajustes, pero las propuestas que representan los sistemas de creencias más profundos se mantienen. Educación es un área muy sensible porque impacta a más de 5 millones de estudiantes, desde la primera infancia a la adultez, y porque los valores y principios juegan un rol fundamental en la definición de las políticas públicas educativas.
El programa proponía un conjunto de reformas estructurales que fueron ampliamente difundidos, destacándose dos ejes como la condonación del CAE a más de un millón de personas y la reparación de la deuda histórica a más de 60 mil docentes. En su cuenta el Presidente plantea que es necesario “terminar con el CAE” y establecer un nuevo sistema de financiamiento, pero no queda claro en qué consiste el compromiso que indica mantener.
Por su parte, asoció el pago de la deuda histórica de los profesores a la reforma tributaria y luego “presentar un proyecto de ley” que permita cumplir el compromiso, con lo cual no solo condiciona su cumplimiento, sino que atenta contra la propia gobernanza.
Las otras medidas son consistentes con un primer año de gobierno en un contexto postpandemia que tiene ciertas particularidades. Recordemos que las escuelas en Chile estuvieron cerradas más de 250 días en la pandemia, siendo el país con mayor tiempo sin asistencia de todos los países de la OCDE (2022). Una de las secuelas de la pandemia es el rezago educativo que de acuerdo con el Banco Mundial (2021) impacta en la reducción de la escolaridad esperada de 12 años a 8,3 años de escolaridad efectiva, siendo los sectores más afectados los estudiantes de los sectores municipales y públicos con mayor impacto en las regiones.
En este contexto, el plan de reactivación educativa cobra sentido y considera los aprendizajes fundamentales, mecanismos de monitoreo y apoyos diferenciados por ciclo educativo. El año 2021 con el apoyo de universidades públicas y privadas se apoyó a más de 32 mil alumnos, el 2022 el Plan Nacional de Tutorías con 34 universidades benefició a 5.300 estudiantes, en ambos casos se trabajó con estudiantes de pedagogía. Este año se han incorporado más de 16 mil voluntarios que previo a una capacitación ejercerán como tutores.
Sorprende que no se haya hecho ninguna referencia a los profesores y educadoras, tampoco a incentivos para la carrera docente. Como país nos hemos dado un marco regulatorio estricto para quiénes acceden a la profesión docente, desde los criterios de admisión, el rango universitario de la carrera, la acreditación obligatoria, estándares y evaluación docente. En este contexto, resulta paradójico que el cierre de la brecha educativa esté sustentado en el voluntariado.
Finalmente, indica que se invirtieron 119 mil millones para reparaciones, pero en el sistema escolar existen más de 11.000 establecimientos, de ellos 5.007 son públicos (servicios locales y municipios). Si estos recursos solo van a los establecimientos públicos, el monto promedio entregado es de casi $24 millones por establecimiento, lo que soluciona marginalmente los problemas de infraestructura existente.
Parece que las grandes reformas se han desdibujado; no sabemos qué pasó con la “auténtica transformación educativa” que propuso el ministro al inicio del gobierno y que pretendía mejorar las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje y la confianza en las comunidades y en los equipos profesionales. Para ello, fortalecer educación pública, profesionalización docente y gobernanza de las instituciones educativas era una prioridad que todo indica que ha sido abandonada.
Ana Luz Durán, decana Facultad de Educación U. San Sebastián
