Por Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance
El costo de la corrupción es tan alto que no podemos ignorarlo. Sus alcances son tan amplios y profundos que si no le ponemos atajo sus consecuencias serán aún más desastrosas. Hoy, vemos cómo la corrupción socava la democracia, el desarrollo, la equidad, las oportunidades económicas, la protección de los derechos humanos y la seguridad civil, además de incrementar la migración. En cifras, se traduce en un costo para la economía mundial de cerca de un 5% del PIB global, es decir, unos 2,6 billones de dólares anuales, según datos de la ONU. ¿Qué más debemos esperar para abordarla de manera estratégica?
En junio pasado, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estableció la lucha contra la corrupción como un asunto de interés para la seguridad nacional, dando un plazo de 200 días a los departamentos y agencias del país para que hicieran recomendaciones que fortalecieran el combate de este problema. Y ese plazo se cumplió hace algunos días, derivando en una nueva estrategia para combatir la corrupción a nivel global, dando énfasis a la cooperación internacional. Para esto, propone modernizar, coordinar y asignar más recursos a esta lucha; exigir rendición de cuentas a los corruptos; entre otras acciones.
Esto se suma a otras medidas que está aplicando Estados Unidos este 2021, como la Lista Engel, que incluye a ciudadanos corruptos de Guatemala, Honduras y El Salvador, quienes tienen prohibición de entrar a ese país, destacando entre ellos expresidentes, ministros, fiscales e incluso sus familiares directos. Por otro lado, en enero de 2022 debería entrar en vigencia la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), que crea un registro de beneficiarios finales de empresas, y que busca mayor transparencia financiera y comercial para evitar delitos como el lavado de activos. Esto interesa especialmente en el país norteamericano, ya que como lo explicó la secretaria del Tesoro, Janet Yellen: “hay demasiadas zonas financieras oscuras en Estados Unidos que dan cobijo a la corrupción”, pues “enormes cantidades de dinero ilícito” terminan en su sistema financiero. Por esto, el foco está puesto en exigir más transparencia a la hora de reportar las transacciones inmobiliarias en efectivo y así frenar el financiamiento ilícito.
Al respecto, la preocupación de EE.UU. tiene un foco claro: enfrentar la corrupción incidiendo en la realidad de América Latina -especialmente en Centroamérica-, donde las economías son más débiles, la corrupción cada vez más poderosa, y donde la proliferación del narcotráfico está haciendo merma en sus sistemas.
Esto es una alerta para las empresas latinoamericanas o transnacionales con operaciones en la región, ya que la nueva estrategia fortalecerá la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), una normativa que ya es bastante exigente, y que pondrá mayor atención y sancionará con mayor rigor a toda empresa involucrada -voluntaria o involuntariamente- en actos de corrupción. De esta manera, es esperable que aumenten los casos de aplicación de esta ley en una zona donde no ha habido mayores avances para combatir este problema.
Esta alerta debe ser tomada en serio, porque las opciones de caer en las garras de la corrupción pueden ser fortuitas, particularmente si no se realiza una correcta evaluación de riesgos ni una debida diligencia a la hora de hacer negocios o de contratar empleados, ya que las posibilidades de que una persona jurídica sea utilizada con fines fraudulentos, es muy alta.
En esto, la prevención y la generación de evidencia en las empresas respecto a sus buenas prácticas, puede ser decidor ante cualquier conflicto, pero por sobre todo es fundamental que las compañías se involucren realmente con un actuar probo, ético y transparente, donde el compliance sea el corazón de su negocio y no solo la traducción literal de “cumplimiento”.
Cabe preguntarse entonces si los esfuerzos anticorrupción de Estados Unidos podrán ayudar a disminuir los índices de corrupción en América Latina, especialmente considerando los efectos que la pandemia ha generado en la región. Es de esperar que así sea, y que tanto los gobiernos como el sector privado pongan este tema en el eje de sus acciones, pues más allá del perjuicio económico, la corrupción pone en jaque algo vital como es la democracia.
