SEÑOR DIRECTOR:
La semana pasada, el Presidente de la República anunció una noticia muy esperada por la comunidad científica: el Programa de Financiamiento Estructural de I+D+i para Universidades Chilenas. Se trata de una iniciativa del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que destinará aproximadamente $700.000 millones en 10 años para fortalecer capacidades de investigación en universidades. Aún falta, sin embargo, conocer los criterios que se considerarán para el acceso a este financiamiento, y su relación con el sistema de financiamiento de la educación superior.
La política de gratuidad ha permitido el acceso de cientos de miles de jóvenes a la educación superior, teniendo efectos directos en las trayectorias vitales de estudiantes de alta vulnerabilidad, e indirectos en la sociedad en su conjunto. Estudios muestran cómo el nivel educacional de padres y madres impacta positivamente la satisfacción con la vida de sus hijos e hijas (Crede et al., 2015), su rendimiento académico e ingresos futuros (Erola et al., 2016), probablemente a través de la transmisión intergeneracional de expectativas y de competencias intelectuales (Davis-Kean & Sexton, 2009). Ahora bien, la docencia de calidad debe basarse en la investigación. El desafío que enfrentan instituciones con alta proporción de estudiantes en gratuidad es cómo sostener esa investigación, elemento fundamental de una universidad compleja, si los aranceles regulados cubren solo la docencia directa.
Urge que este anuncio conforme el sistema de financiamiento a la investigación en universidades con gratuidad que aún está pendiente, y que fortalezca la investigación especialmente en aquellas instituciones que, siendo inclusivas, hacen investigación de excelencia, de frontera científica y pertinencia social.
Antonia Larraín
Vicerrectora de Investigación y Postgrado Universidad Alberto Hurtado
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