Aprobando la transparencia y rechazando la polarización

Por Fernando Hoces de la Guardia, investigador CEGA, Universidad de California, Berkeley; Andrés Hojman, profesor de Economía, Escuela de Gobierno, PUC; Edward Miguel, director CEGA y profesor de Economía Universidad de California, Berkeley

A menos de una semana del plebiscito de salida, Chile vive momentos de alta incertidumbre y polarización política. Dado el terreno fértil para la proliferación de las “fake news”, es altamente deseable que el análisis experto contribuya a separar realidad factual de especulación, quitándole combustible a la polarización. Pero lamentablemente esto no siempre ocurre. A modo de ejemplo, nosotros mencionamos en una columna anterior nuestra preocupación por las fuertes diferencias factuales entre los análisis económicos de los entonces candidatos presidenciales Boric y Kast. Esto ocurre, entre otras cosas, porque cada grupo de analistas puede elegir, consciente o inconscientemente, un sin número de decisiones analíticas que se alineen con un resultado político, sin tener la presión de que éstos sean revisados por la opinión pública o por sus pares.

Alegremente, en medio de este complejo escenario, Chile dio hace unas semanas un paso tan histórico como desapercibido para reducir la polarización en el análisis de políticas públicas. Y creemos que es urgente resaltar esta buena noticia.

En un importante informe que estimó los potenciales costos de la propuesta de nueva constitución, sucedió algo inédito. Ya sea ha alabado la diversidad ideológica de sus autores y la importancia de sus resultados. Nosotros queremos resaltar un aspecto diferente de este informe: su transparencia sin precedentes.

Los análisis de políticas públicas en Chile y el mundo, normalmente han adolecido de una gran opacidad. Cifras como la recaudación estimada de un impuesto, o los costos y beneficios asociados con programas sociales, son frágilmente justificadas. En el mejor de los casos, dichas cifras se fundamentan con un documento público, en el caso más común con breves documentos internos (minutas) o presentaciones y en el peor con cifras sin ninguna justificación. Algo extremadamente inusual es que dichos análisis publiquen el detalle de los cómputos realizados, incluyendo los datos, códigos e instrucciones para poder reconstruir las cifras principales.

El informe de costos hizo precisamente esto. Publicó las planillas que contienen los principales cálculos y supuestos utilizados en dicho análisis. Dado que este análisis está en el espacio público, se hace mucho más difícil que el día de mañana un centro de estudios o universidad publiquen resultados diametralmente distintos sin mayor justificación. Si solo se hubiera publicado el informe, un análisis contrario podría haber aludido a “diferencias metodológicas” y generado cifras contrarias de similar validez. Pero con la publicación del informe más los materiales para su reconstrucción, el análisis contrario deberá ahora apuntar claramente a cuáles son los supuestos en donde sus cálculos difieren del análisis original.

Esperamos que este informe de costos contribuya a una nueva forma de hacer análisis de políticas públicas. Creemos que futuros analistas, en centros de estudios y dentro del gobierno, podrían tomar ventaja de la transparencia inicial, imitarla y mejorarla en varias dimensiones. Por ejemplo, subsecuentes estimaciones de las reformas en el área de educación, podrían tomar las planillas correspondientes y reescribirlas ocupando códigos de programación, publicándolos, y haciendo explícitos las ecuaciones subyacentes en cada paso. De esta forma no existirá una estimación de los “costos de acuerdo a analistas de izquierda”, o “costos de acuerdo a analistas de derecha”, existirán simplemente los costos. Esto podría generar un círculo virtuoso que lleve a que en unos años todo análisis que aspire a un nivel mínimo de rigor, sea abierto de acuerdo a estándares de transparencia en investigación y se distinga claramente así de cifras políticamente motivadas.