Por Pablo González, director de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios, U. Alberto Hurtado
Desde los dos debates donde se enfrentaron los cinco candidatos a Presidente en Argentina, hasta este fin de la campaña electoral, no ha habido información nueva que permita dilucidar la mejor propuesta. A contracara, tanto unos como otros, se deshicieron en promesas de incentivos a sectores productivos, reducciones de impuestos, programas de inversión pública, etc. Parece que no entienden el problema.
El problema no es la moneda. Centrarse en esa discusión es casi tan ridículo como discutir si usamos un termómetro de mercurio o uno digital. El tipo de cambio, el valor de la moneda nacional, es solamente el reflejo de las condiciones en las cuales opera la economía.
Durante años, salvo breves lapsos, Argentina se acostumbró a acumular déficits públicos en forma recurrente. Los gobiernos han atendido demandas lícitas en temas de salud, de educación, de seguridad, de infraestructura, de financiamiento de la vejez, sin contar con los recursos reales para financiarlos.
Ni hablar de congelamientos de tarifas: negarse sistemáticamente a entender que los precios reflejan escasez de las cosas y entregan señales a productores sobre qué conviene producir y a los consumidores sobre en qué hay que controlar el gasto.
La sociedad argentina está espantada de los variados grifos que tiene el Estado para gastar recursos. Pero el gasto excesivo no es solo del gobierno. El sector privado, al menos un grupo, se acostumbró a viajar al exterior a costa de una moneda nacional que aún con impuestos y cargos extras estaba por debajo de lo que realmente valía ese billete. Se aprovechó el dólar barato que el Estado nacional lograba a través de endeudamiento. Y ante esa “fuga” de recursos el gobierno no tuvo mejor idea que crear trabas, en vez de sincerar el precio.
Argentina no necesita cambiar la moneda, sino su idiosincrasia, su capacidad productiva e, indefectiblemente, pedirles coherencia a los dirigentes que por un lado hablan de reducir el déficit público pero, por el otro, ofrecen beneficios o planean reducir la capacidad de captación de recursos del Estado.
Esos cambios requieren, a la vez, abandonar la lógica corporativista que reinó, quizás en los últimos 100 años en Argentina: la respuesta de un sector que puede perder sus prerrogativas es casi siempre obvia.
Sí, hay que decirlo: “Argentina necesita libertad”. Necesita liberar y transparentar el sistema de precios para que, tantos trabajadores, consumidores, dueños del capital y gestores del sistema productivo sepan a dónde dirigir sus esfuerzos y dónde están las restricciones. Allí la política se vuelve relevante para hacer comprender a los sectores afectados la dirección invariable de los cambios, ofreciendo la gradualidad o precauciones necesarias para evitar el conflicto.
Una maraña de impuestos poco efectiva para recaudar beneficios, subsidios, congelamiento de tarifas y trabas al comercio exterior ha hecho de Argentina un país poco productivo donde la formación de capital humano (desde la cuna), de conocimiento e innovación han estado en decrecimiento en comparación con el resto del mundo (más allá de casos anecdóticos o puntuales), no por pocos esfuerzos de los actores involucrados, sino porque las señales sobre en qué concentrarse han estado desvirtuadas.
Mientras tanto, con esa baja productividad, los argentinos van a tener que asumir su deuda con el exterior, haya o no cambio de moneda. El camino lo impone la realidad y requiere de un shock tan grande que la capacidad de gestión política será fundamental para consensuar soluciones de largo plazo que no se ganen por una mayoría circunstancial en las votaciones del Congreso Nacional.
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