Por Liza Zúñiga, coordinadora de Área del Centro de Estudios Justicia y Sociedad
Las armas de fuego han estado en el centro de atención, ya sea por su uso intensivo en distintos hechos delictuales, por el robo desde recintos militares o por su internación ilegal.
Al respecto, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, anunció recientemente la creación de una Unidad de Control de Armas, lo que hizo que inmediatamente comenzara a instalarse la idea de “un Chile sin armas, un Chile más seguro”; lo cual fue reforzado por el Presidente Gabriel Boric en su primera cuenta anual, donde anunció como parte del eje de seguridad, un “Programa menos armas, más seguridad”, pidiendo apoyo legislativo para que se apruebe una “ley que permita avanzar hacia la prohibición total de tenencia de armas y que al mismo tiempo se fortalezca la institucionalidad a cargo de la fiscalización”.
Para lograr acuerdos, el proyecto de ley esbozado por el Presidente deberá circular entre una disminución en la tenencia de armas en manos de particulares o su prohibición total. Respecto de esta última opción, no parece una solución ni muy realista ni muy efectiva para abordar el problema central, que es más bien la circulación de armas ilegales. Esto, porque deberán seguir existiendo armas para las instituciones autorizadas para uso y para fines deportivos u otros señalados en la ley.
Según datos de la Policía de Investigaciones (PDI), la cantidad de armas incautadas (e involucradas en ilícitos) que no están inscritas puede variar según el tipo, pero rondan el 60% del total decomisado; inferior al 80% indicado por la ministra Siches.
El origen de las armas circulantes es diverso: robo de armas legales de particulares o de instituciones armadas, internación y comercio ilegal. Y como el origen de las armas que circulan es diverso, el abordaje del problema también debe serlo.
Después de 15 años de discusión, recién en enero de este año, se logró una ley de control de armas que aborda muchas de las problemáticas que la antigua norma no abarcaba. Y aunque los 9 ejes del “Plan menos armas, más seguridad” van en la línea correcta de fortalecer las fiscalizaciones, en estricto rigor, lo único novedoso es la idea de establecer indicadores territoriales para el monitoreo de uso de armas de fuego, lo que redundaría en mejor información para las investigaciones penales.
Para que todas estas ideas funcionen y tengan resultados e impacto a largo plazo, se debe comprender que las armas no son un fin en sí mismas, sino un medio para cometer otros ilícitos, que pueden ir desde robos con violencia hasta proteger los negocios de venta de drogas y de otra serie de productos del contrabando. Por lo tanto, todas las medidas que se enfoquen en el control de armas deben también estar alineadas con las acciones en torno al control de crimen organizado.
Más allá del anuncio de planes, modificaciones legales y aumentos presupuestarios para abordar este delito, que afecta también a la democracia, se debe avanzar hacia una mayor colaboración entre todas las agencias del Estado con responsabilidad en la materia; de lo contrario, el crimen seguirá estando más organizado que el Estado.
