Arrancamos la campaña

Se acaba de iniciar oficialmente la campaña para el plebiscito del próximo 26 de abril, el primero de los hitos que, de conjugarse favorablemente para la opción “apruebo” tal como hasta la fecha señalan diversas encuestas, debiera tener un segundo momento en la elección del órgano constituyente el próximo mes de octubre. Este es un hecho histórico, porque es la primera vez en Chile que una nueva Constitución tendrá la posibilidad de discutirse incorporando la participación ciudadana en el plebiscito de entrada, en la elección del órgano constituyente y en el plebiscito de salida. La relevancia histórica de este proceso, que definirá parte importante de la posibilidad de cristalizar un nuevo pacto social para nuestro país, implica ser muy cuidadosos en las reglas del juego que definan este proceso, de manera tal de garantizar la confianza e integridad en el mismo.

En tal sentido, si bien al plebiscito del 26 de abril no se le aplican expresamente las disposiciones de la Ley 19.884 sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, si se le aplican las referidas a la Ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios. Esto quiere decir que aunque no existirá financiamiento público para este evento, sí puede haber aporte privado para las distintas alternativas. Esto implica, pensando en la legitimidad del proceso y en propiciar las buenas prácticas para garantizar la igualdad de condiciones en la competencia, que debiera no sólo generarse un ejercicio de trasparencia proactiva respecto a las fuentes de financiamiento de la campaña en curso, sino que también un férreo control social respecto a esta materia. En esto, los partidos políticos debieran jugar un rol fundamental, especialmente porque les asisten obligaciones legales en materia de transparencia activa, a las que podrían agregar asuntos específicos ligados al plebiscito, incluyendo información sobre eventuales pactos.

Respecto a la elección del órgano constituyente, es preciso recordar que aún restan varias materias por resolver que el Congreso debiera discutir a la brevedad. En tal sentido, es muy importante que el parlamento discuta y zanje las disposiciones que permitirán tener certeza en la manera en que será elegido el órgano constituyente. Temas como la paridad de género, los escaños reservados para pueblos originarios y la participación de independientes, que quedaron sin resolver al final del receso legislativo de febrero, debieran tener máxima celeridad hoy, dado que no es lo mismo enfrentar un plebiscito con certezas respecto al hito siguiente que con la mayor de las certidumbres.

Del mismo modo, es también indispensable discutir de manera clara respecto al financiamiento de las campañas, porque aunque para la elección del órgano constituyente sí correrán las disposiciones de la Ley 19.884 para la elección de los convencionales constituyentes, es preciso garantizar que ello ocurra en orden de garantizar la competencia e igualdad de condiciones, más aún cuando esta campaña será simultánea a la elección municipal y de gobernadores regionales.

Por último, es también indispensable considerar medidas de probidad y gestión de conflictos de interés para los convencionales constituyentes, como pueden ser la declaración de intereses y patrimonio y las disposiciones en materia de lobby. Al mismo tiempo de generar las condiciones para que su trabajo pueda desarrollarse con los máximos estándares de transparencia, que permitan generar confianza sobre lo que ahí ser discutido.

Desarrollar este hito histórico en las mejores condiciones es un imperativo para encontrar un camino de salida adecuado para la construcción de un nuevo pacto social. Esto implica ser especialmente cuidadosos en la legitimidad y máximas garantías de integridad y, al mismo tiempo, que independiente de la polarización que es propia de plebiscitos como este, todos los actores políticos y sociales tengan la capacidad y la responsabilidad de encauzar el debate al ámbito institucional de la confrontación de ideas.