Por Luis Eduardo Bresciani, Escuela de Arquitectura UC; Diego Gil, Escuela de Gobierno UC; Felipe Link, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC; Alejandra Rasse, Escuela de Trabajo Social UC; y Javier Ruiz-Tagle, Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC
El grave déficit habitacional por el que atraviesa nuestro país es urgente de atender. Esta crisis ha surgido en el marco de una política que concentra las opciones de acceso a la vivienda en el régimen de propiedad, la que si bien ha permitido entregar viviendas a numerosas familias, tiene limitaciones tales como presionar al alza el valor de suelo, dificultar procesos de mantención y regeneración del stock de viviendas sociales y profundizar la localización periférica y la segregación residencial.
Convocados por el Centro de Políticas Públicas UC, elaboramos una propuesta de política de arriendo asequible que permita diversificar las opciones habitacionales existentes, complementando la política de vivienda en propiedad. Ella supone implementar mecanismos de financiamiento exclusivos y permanentes para la oferta de arriendo -a través de su construcción o de la readecuación de stock existente-, en lugar de recurrir al desvío de fondos desde otros programas como se ha hecho hasta ahora. Estas viviendas deberán contar con estándares de calidad que aseguren bajos costos de mantención para los arrendatarios, acceso a sectores consolidados de la ciudad y oferta de distintas tipologías, atendiendo a la diversidad de beneficiarios.
Una política de arriendo con interés social debe garantizar el acceso rápido a la vivienda independientemente del nivel de ingresos de los beneficiarios, para lo cual proponemos cobros diferenciados, que no superen el 30% del presupuesto familiar. Junto a esto, se requiere asegurar la permanencia de los usuarios por tiempos mayores a los actuales y no privarlos de vivienda ante situaciones imprevistas y debidamente justificadas (por ejemplo, la pérdida de empleo) que les impidan cumplir con sus obligaciones de pago. Es decir, que exista un costo cero como piso de bienestar y seguridad de la tenencia.
Para su implementación exitosa, se requiere diversificar a los actores involucrados. Por una parte, el Estado, tanto a nivel central como local, puede financiar, desarrollar y administrar directamente proyectos, cumpliendo además su rol de supervisión y regulación del sistema. Por otra, el sector sin fines de lucro puede tener un rol clave en el desarrollo y administración de viviendas para arriendo, por lo que se deben ofrecer garantías que incentiven su mayor participación. Y finalmente, los privados podrían colaborar con el acceso al crédito, la construcción de proyectos y su administración, bajo un marco normativo que asegure que las viviendas con financiamiento público no sean fuente de lucro.
El próximo gobierno tendrá la responsabilidad de hacer frente a la crisis habitacional y los efectos en el aumento del hacinamiento y campamentos, para lo cual tiene la opción de mantener una política centrada principalmente en la propiedad, el valor del suelo y el crédito -lo que permite anticipar que miles de hogares deberán seguir esperando- o ampliar las opciones. Aunque con distintos énfasis, en los programas presidenciales de los cuatro candidatos punteros en las encuestas se propone reforzar el arriendo asequible. Es de esperar que exista la voluntad y coordinación necesaria para que en el próximo período esto se transforme en una realidad.
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