Aspiraciones sociales y crecimiento

Como país enfrentamos tremendos desafíos hacia el futuro. Es eso lo que queda de manifiesto cuando se ve con qué entusiasmo las candidaturas a la Presidencia de la República le ofrecen a la comunidad soluciones de distinto tipo encaminadas a proveerles de un nivel de bienestar, que se ha visto afectado o se ve amenazado.

Sin embargo, una de las preguntas que no hemos visto reflejada en las propuestas de esas candidaturas y esperamos que surjan -una vez que se afinen con mayor rigor las propuestas para gobernar el país durante los próximos cuatro años-, es cómo armonizar la necesidad de satisfacer las legítimas aspiraciones sociales con la necesidad de recuperar el crecimiento y, especialmente, los aumentos de productividad que el país requiere para salir de la trampa de los ingresos medios. Sólo así se dará el salto al desarrollo al que todos aspiramos.

Una de la alternativas que hemos explorado como Consejo de Política de Infraestructura es la inversión en bienes públicos de alto impacto social en las ciudades, los que hemos agrupado al menos en tres categorías: inversiones en la superación de brechas que tan de manifiesto han quedado en el último tiempo; inversiones habilitantes de nuevos espacios urbanos para una mayor integración, que tanta falta hace para la superación del déficit habitacional del quedan cuenta las autoridades; e infraestructura de conectividad urbana, de modo de facilitar la interacción física y digital entre las personas.

Estas inversiones no sólo contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, recuperando la presencia del Estado (a través de ministerios, gobiernos regionales y municipios) en muchos sectores hoy marginalizados, sino que también tiene un alto impacto en productividad. Inversiones de estas características -con alta incidencia en el entorno y la socialización-permitirían resolver en parte las carencias de vivienda; contribuyen a aumentar el tiempo libre y de recreación; disminuyen las enfermedades de carácter social; las razones del ausentismo y la inseguridad; incrementan el potencial que representa el estar juntos para la reflexión, compartir, conversar, incidiendo en una mayor cohesión social. En definitiva, mejoran la disposición al trabajo y con ello, impactan significativamente en la productividad.

Las dificultades para acceder a recursos públicos para este efecto incentiva la necesidad de ver de qué manera es posible invitar al sector privado a ser parte de una estrategia de esta naturaleza. Entre las herramientas que se podrían utilizar, sin grandes cambios normativos, están la Ley de Financiamiento Urbana Compartido, que ha sido muy subutilizada y que habrá que adecuar a las nuevas necesidades; la Ley de Concesiones de Infraestructura Pública, de gran versatilidad y experiencia; los diferentes cuerpos legales que regulan los servicios digitales para hacer efectiva la idea de “Internet para todos”; las regulaciones en el campo del transporte urbano que deberán adecuarse a las demandas de la ciudadanía; las concesiones de agua como un bien nacional de uso público para los de servicios de agua potable y alcantarillado, entre otras.

De igual forma, el Fondo Desarrollo País (ex Fondo de Infraestructura), podría asumir funciones mucho más gravitantes en cuanto a la promoción y desarrollo de proyectos urbanos que se enmarquen en los propósitos antes señalados. Los recursos de la Ley de Aportes no Reembolsables también son una opción a explorar.

En consecuencia, no hay razón para evitar concentrar esfuerzos en el mejoramiento de la infraestructura de nuestras ciudades. La tarea es mayor, pero muy abordable con una buena disposición del sector público y del sector privado para avanzar en esa dirección.

* Carlos Cruz, Director Ejecutivo Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).