Atraso en la entrega de cifras de homicidios

Tener un dato consolidado de ese tipo de delitos es un paso valioso, pero la autoridad debe cumplir con los plazos comprometidos para entregarlo, limitar el rezago e, incluso, aumentar su frecuencia para permitir un seguimiento más efectivo a las políticas de seguridad.
Desde 2022, el país cuenta con una “cifra consolidada” de homicidios aunada por un “observatorio” que es liderado por la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) y que agrupa, por primera vez, todas las cifras de las diferentes instituciones involucradas en la investigación de estos delitos, como es el caso de la PDI, Carabineros y la Fiscalía. Antes de la creación de esta instancia, todos los organismos entregaban por separado sus propios números, generando confusión e impidiendo tener una visión clara sobre la situación de la criminalidad, clave para evaluar el avance de políticas públicas efectivas.
Si bien todavía las distintas instituciones vinculadas al delito manejan cifras sobre la recurrencia de los distintos tipos delictuales, la creación del Observatorio de Homicidios permite contar con un número consolidado de crímenes de este tipo cometidos en el país. El propio gobierno ha insistido en más de una ocasión que la “cifra oficial” de las víctimas de homicidios es la que entrega ahora el Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos. El Observatorio, además, como dijo la propia subsecretaria de Prevención del Delito permite caracterizar a la víctima y al presunto victimario y elaborar mejores estrategias para abordar el tema.
Sin embargo, la última cifra oficial conocida, que fue entregada en septiembre pasado, se remonta recién a junio de 2024. Si bien la autoridad se comprometió a entregar los datos cada seis meses, para poder tener un seguimiento más claro del avance o retroceso de los planes de seguridad, a la fecha aún no se conoce el último reporte. La autoridad asegura que será entregado en abril, una demora que, aunque no sea significativa, se suma al hecho que la información incluida en el informe presenta un rezago con respecto a la fecha en que éste se da a conocer. Como ha dicho la propia subsecretaria, los datos son un importante insumo para saber si las políticas adoptadas van en la dirección correcta o es necesario hacer ajustes. Por ello es importante que estos sean lo más precisos posibles y estén disponibles oportunamente. Sin ellos el objetivo se ve comprometido.
Más allá de las eventuales justificaciones técnicas de la demora y el rezago en la entrega de los datos, ello poco contribuye a la confianza en la labor de la autoridad e instala la sospecha sobre la tendencia que marcará la nueva cifra. El último informe había mostrado una caída en el número de homicidios por cada 100 mil habitantes, en relación a 2023, pasando de 3,2 víctimas por cada 100 mil habitantes entre enero y junio de ese año a 2,9 por cada 100 mil habitantes en igual periodo de 2024. Una ca que rompía una tendencia al alza. La falta de información sólo alimenta las especulaciones sobre el eventual empeoramiento de la situación.
Es importante, por ello, no sólo cumplir con los plazos anunciados sino elevar eventualmente la frecuencia en la entrega de datos. Si como dice la subsecretaria, “el esfuerzo del Estado para obtener esta cifra unificada y validada por todas las instituciones competentes, permite generar políticas públicas efectivas y basadas en evidencia para prevenir y enfrentar este delito”, resulta aún más importante poder conocer no sólo dos veces al año las cifras sino contar con información en forma más periódica, como sucede en otros ámbitos de la actividad pública. Ello permitiría focalizar mejor la estrategia de seguridad y evitar que finalmente sean las percepciones las que guíen el debate.
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