¿Aula segura en educación superior?

Luego de los hechos de violencia ocurridos al interior de la Universidad de Chile, un grupo de diputados de Chile Vamos dijeron que evalúan presentar un proyecto de ley parecido a Aula Segura en su versión educación superior, con el objetivo de terminar con la violencia que se vive al interior de los planteles

Al respecto es necesario tomar ciertas consideraciones.

Más allá de esta idea, preocupa que gran parte de las propuestas que han surgido en el último tiempo sean una respuesta a un hecho contingente que atiende a una cuestión en particular, muchas veces de gran relevancia, pero que deja en evidencia que no existe una mirada de largo plazo o de comprensión del sistema. Prueba de ello es que han sido varios los proyectos anunciados que luego han quedado en el olvido, pues no han tenido un proceso de reflexión necesario.

Parte del problema al que nos enfrentamos hoy es la falta de una visión amplia para fortalecer nuestra educación superior. A pesar de que la Ley 21.091 -publicada el año pasado- presentó la oportunidad para pensar el sistema a futuro, ello no fue del todo posible y, al contrario, la normativa ha dejado una serie de flancos abiertos. Esto ha traído como consecuencia discusiones acotadas y aisladas que no consideran el conjunto de la política, lo que sin duda la termina afectando. Por ejemplo, al mismo tiempo que debatimos sobre cómo resolver el costo de la sobre duración de las carreras, en el Congreso se encuentra dormida una iniciativa que crea un nuevo sistema de créditos y, en paralelo, un comité de expertos está fijando los aranceles regulados de las carreras. Es decir, no existe una mirada integral de que estos tres aspectos corresponden a una misma política de financiamiento.

La idea de llevar Aula Segura a la educación superior cae en el mismo error, pues no sólo –una vez más- es reaccionaria, sino que tampoco resuelve el problema de fondo y desconoce las diferencias de los distintos niveles de la educación. Mientras en escolar existe por ley una limitación para la expulsión de los alumnos que ponía restricciones a las facultades de los directivos para hacerse cargo de hechos graves de violencia, esto no ocurre en educación superior, por lo que facultar a los rectores y a los planteles para ello no tendría mucho sentido, dado que tienen libertad para establecer las causales de expulsión dentro de sus reglamentos internos. Además, el hecho de que quienes acuden a la educación terciaria son personas mayores de edad hace innecesaria esta medida, ya que -de ser necesario- se le aplica directamente el derecho penal. Medidas de este tipo, más que dar solución, pueden tender a una mayor burocratización y papeleo para los planteles.

Ello no quiere decir que no nos preocupe el clima de convivencia dentro de las instituciones. Es especialmente al interior de éstas donde los valores democráticos debiesen hacerse presente, pues es en ellas donde surgen y se forman los nuevos líderes. Los planteles son un espacio donde se discuten los problemas país, generándose nuevas propuestas y soluciones a los mismos; y si no es posible hacerlo en un ambiente de tolerancia y diálogo, quien gana son las imposiciones ideológicas.

En definitiva, este lamentable episodio debe ser tomado con la seriedad que merece y atender a las causas de fondo. Lo que hace mucha falta en las políticas de educación de nuestro país.