SEÑOR DIRECTOR:
Acaba de publicarse un estudio de ComunidadFeliz que da cuenta de un aumento promedio de un 7% en los gastos comunes de edificios y condominios en el primer trimestre de este año, la que responde principalmente a la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en sus dependencias.
Esto es muy concordante con los resultados de la última encuesta de victimización del comercio de la CNC, donde se informa que el 54% de los establecimientos tienen gastos fijos mensuales en seguridad, fluctuando entre $3.200.000 para las grandes empresas y $340.000 para las microempresas.
De acuerdo con varios estudios, incluido uno realizado por Clapes UC en noviembre de 2023, los gastos asumidos por los chilenos asociados a la prevención y al resarcimiento de perjuicios en materia de delito han tenido un aumento significativo de más de un 94%, en costos asociados a servicios como alarmas, cámaras de vigilancia, guardias de seguridad, reforzamiento de rejas y muros, seguros y tratamientos médicos para las víctimas, entre otros.
Hoy frente a una profunda crisis de seguridad y un estancamiento económico que nos afecta a todos, es al menos frustrante que ante la ausencia de medidas efectivas por parte de las autoridades para revertir esta situación, el particular, más allá de su legítima colaboración, deba asumir de su bolsillo gastos fijos para evitar ser víctima de delitos y de alguna manera asegurar tanto su vida como su patrimonio.
Esperemos que estas cifras se tengan en consideración por el Ejecutivo, más hoy que se está elaborando el reglamento de la ley de Seguridad Privada, que, dependiendo del criterio jurídico que se utilice, puede resultar un alivio o un nuevo gasto para una sociedad tan duramente golpeada por la crisis de seguridad.
Sergio Morales
Coordinador del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad de la CNC
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