Autonomía constitucional para la defensa

SEÑOR DIRECTOR

El VAR, el fair play, un DT para cada equipo que pueda decidir libremente su once, un árbitro objetivo son mínimos que todos esperamos cuando vemos un partido.

Si lo que se juega es la justicia penal y la libertad y los derechos fundamentales de toda persona, la necesidad de igualdad de armas se hace fundamental. Y, sin embargo, ese partido se ha tenido que jugar en desigualdad hasta ahora. Sí, porque la Defensoría Penal Pública, órgano fundamental en el sistema procesal penal, que evidencia que sin defensa no hay justicia, no es autónoma y depende del Ministerio de Justicia y DD.HH., tal como recordó el defensor nacional, Carlos Mora, en su intervención de esta semana ante la Convención Constitucional.

El extraordinario avance que supuso la posibilidad de asegurar a todas las personas el derecho a contar con defensa de calidad, para hacer frente al poder persecutor del Estado representado por el Ministerio Público, se debilita con la falta de autonomía constitucional de la institución para evitar injerencias políticas o de otro tipo del gobierno de turno en las decisiones de defensa.

El proceso constitucional es desde luego una oportunidad para equilibrar la balanza, permitiendo que el escudo que protege los derechos de todas las personas sea blandido sin desigualdad. Un trabajo serio y dedicado por asegurar que ningún inocente sea condenado, por evitar que se abuse de instituciones como la prisión preventiva, por asegurar a todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos en el proceso penal es la garantía que entrega la DPP.

La necesidad de que exista una voz fuerte, técnica e independiente que pueda aportar en las discusiones legislativas sobre materias de seguridad y políticas criminales, la necesidad de que los abusos e infracciones a los DD.HH. cometidos por agentes del Estado puedan ser denunciados ante instancias internacionales cuando corresponda, sin cortapisas políticas coyunturales, hacen de esta deuda una urgencia.

Una Defensoría Penal Pública consolidada en su independencia, concentrada exclusivamente en la labor de defensa penal de todas y todos constituye un espacio de fortalecimiento y profundización de nuestra democracia y no podemos desaprovecharla.

Paula Vial Reynal

Abogada, profesora de Derecho UC