Por Marcela Parada, académica del Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción e investigadora adjunta del Núcleo Milenio MOVI
El gobierno se ha comprometido a ingresar en agosto una reforma previsional. Poco se sabe respecto de los detalles, pero se han sugerido componentes con fines de solidaridad. Este concepto coincide con lo propuesto en el borrador constitucional a votarse en septiembre, que estipula un sistema de seguridad social con características solidarias.
El actual sistema de pensiones tiene componentes de solidaridad de manera indirecta; esto es, a partir de rentas generales. Las personas de mayores ingresos contribuyen más a esta recaudación. Sin embargo, existen en el mundo otros mecanismos de solidaridad que incluyen fondos financiados directamente por los trabajadores.
La implementación de un pilar contributivo con fines solidarios en Chile no es una novedad. Este concepto fue recomendado en 2015 por la Comisión Bravo y considerado en reformas ingresadas en 2017 y 2020. En estas instancias, las tasas sugeridas en el pilar solidario contributivo han variado entre el 2 y 3%.
En este contexto, es importante considerar en el diseño de políticas el proceso de retroalimentación ciudadana, especialmente respecto a retroalimentaciones negativas. Es el caso cuando, por ejemplo, costos no anticipados fomentan el interés individual y generan motivaciones ciudadanas por cambios en políticas. Este es un fenómeno documentado en la literatura científica.
De esta forma, para reformar un sistema de pensiones, es clave considerar las evaluaciones que la sociedad tiene respecto a ciertos componentes fundamentales de dichos proyectos.
La evidencia en Chile muestra que menos de un 30% de la población está de acuerdo con implementar un pilar solidario financiado por los trabajadores (sexta ronda de la Encuesta de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social). Estos datos también muestran que personas con educación universitaria y del último cuartil de ingresos, están más a favor de este pilar solidario que el resto de la población. Este es un resultado no obvio y, al mismo tiempo, esperanzador para el diseño de políticas. Esto, puesto que los grupos más educados y de mayores ingresos financiarían en mayor proporción que el resto la recaudación solidaria, sin necesariamente recibir los beneficios directos. Los beneficios para estos imponentes son indirectos, tal como un mejor bienestar en el país, y mejor distribución del ingreso.
Lo anterior, considerando que las recomendaciones internacionales sugieren sistemas de pensiones multi-pilares con al menos un pilar básico solidario, uno contributivo individual y otro contributivo con fines de redistribución de ingresos. La misma encuesta muestra que solamente un 12% de la población está de acuerdo con un modelo que incluya estos tres pilares.
Todo esto implica que, en caso de querer implementar un pilar adicional en el sistema previsional, son necesarias estrategias de comunicación y educación para prevenir resultados no anticipados y para potenciar el apoyo ciudadano ya existente.
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.