Por Fabiola Miranda, académica Universidad Alberto Hurtado, GEDIS-CIPP, Núcleo Constitucional, Facultad de Derecho UAH; y Maite Olivares, socióloga, Universidad Alberto Hurtado, Núcleo Constitucional, Facultad de Derecho UAH
Chile tiene una de las peores representaciones políticas de las mujeres en América Latina. Frente a aquello, la Ley de Cuotas 20.840, aprobada en el año 2015 e implementada para las elecciones de 2017, obligó a los partidos políticos a presentar en sus listas, a partir de nuestro sistema de elecciones proporcional, un porcentaje de al menos 40% de mujeres a las elecciones parlamentarias, para incrementar la inclusión de mujeres en cargos de representación política.
En Chile, las cuotas de género implicaron un aumento de las mujeres en cargos de elección parlamentaria en las elecciones de 2017: se pasó de 19 a 35 diputadas de los 155 escaños de la Cámara Baja. Por su parte, el Senado aumentó de 6 a 10 de los 46 escaños. Actualmente, luego de las elecciones del pasado 21 de noviembre, la representación femenina en el Congreso aumentó en la Cámara Baja de 35 a 55 diputadas (es decir, el 35,5% del total), mientras que en el Senado se mantuvo igual a las del año 2017. Pese a los avances de estos años, según cifras de ONU Mujeres, Chile en 2020 seguía ocupando -en términos de representación parlamentaria- el puesto 87 a nivel global, estando por debajo de países como El Salvador, México, Ecuador y Uganda, entre otros.
La actual ley de cuotas ofrece a los partidos políticos un incentivo económico por candidata electa de 500 UF. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para alcanzar una representación paritaria de mujeres en el Congreso, pues aún las mujeres están por debajo del 40% de los puestos de ambas cámaras. El actual sistema incentiva la inscripción de mujeres en listas, como una forma de dar cumplimiento al requisito (del 40%). Pero, finalmente no resulta una forma real de inclusión paritaria para su asunción al poder político. En efecto, muchas veces ha ido en desmedro de las carreras políticas de estas mujeres e, incluso, ha impulsado la de algunos hombres.
En el marco del proceso constituyente, las elecciones nos ofrecieron un panorama totalmente contrario. Aquí la paridad se instauró no como un mecanismo de inscripción de listas, sino de elección de representantes. Dicha paridad representativa, en varios casos, permitió la corrección a favor de los hombres, quienes pudieron entrar a la Convención a través de este mecanismo, dada la alta votación alcanzada por mujeres. De esta manera, podemos ver que efectivamente hay mujeres competitivas y fuertes en materia de ideas y representación. Por tanto, a nuestro parecer, son los partidos políticos los que no han impulsado los espacios de participación de mujeres. Por ejemplo, en Apruebo Dignidad logró la presentación femenina de 19 candidatas electas, en la Lista del Pueblo fueron electas 14 de las 23 candidatas, y, en el caso de la lista Movimientos Sociales, 10 de las 14 candidatas.
El proceso constituyente ha sido ampliamente valorado por la mayoría de las y los votantes nacionales y apreciado en lo internacional. Esto se debe a la composición de sus integrantes, pues se trata de una Convención paritaria y con escaños reservados para pueblos originarios. Asimismo, se ha destacado el hecho de ser un proceso liderado por una mujer indígena, Elisa Loncón.
Tal como lo han venido señalando los movimientos feministas y las académicas expertas en la materia, la paridad política es clave para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y democrática. En efecto, la toma de decisiones debe incluir a aquellas personas que hemos sido históricamente marginadas a raíz de legislaciones alejadas del pleno respeto por los Derechos fundamentales y que, de distintas formas, han afectado nuestras vidas, cotidianidades y cuerpos. De ahí la necesidad de avanzar, en contraste a los mayoritarios, hacia sistemas proporcionales que permitan una mayor participación de las mal denominadas “minorías”, como supuestamente seríamos las mujeres y las disidencias sexuales.
El recién presidente electo, Gabriel Boric, ha planteado en su propuesta programática sobre “feminismo” la incorporación de una perspectiva feminista transversal en el gobierno “en todos los aspectos, materias y espacios de la gobernanza del país” (p.206), comprometiendo la conformación de un gabinete paritario, al igual que la dirección de las empresas públicas del país. La participación de mujeres que han asesorado y han sido parte del proyecto de coalición del excandidato, han sido claves para su campaña, tales como Camila Vallejo, Karol Cariola, Izkia Siches, entre muchas más. Este compromiso por la paridad, sumado a lo implementado por la Convención Constitucional, da una mirada a pensar en reformas para alcanzar la paridad en el sistema político, es decir, en donde la participación paritaria sea transversal en una gran parte de espacios y puestos de toma de decisiones.
La participación de las mujeres en las recientes elecciones, dan cuenta de su importancia dentro del sistema político y frente a las elecciones. Así, se observa un aumento en su participación de un 53% en primera vuelta a un 63% en segunda, según los datos de la plataforma Chile Decide. Datos que también muestran que la intención del voto femenino sobre todo aquel del tramo menor a 30 años apoyó mayoritariamente a Boric, dando cuenta de un identificación con el proyecto político de este último.
Este voto de confianza implica una gran responsabilidad para el gobierno electo, ya que aquello se debe transformar en el reconocimiento formal de las mujeres y grupos de especial protección significando su inclusión dentro de lo que será su proyecto de socio-político. El voto de confianza dado por esta mayoría del electorado requiere de una atención especial, ya que viene no solo a legitimar nuestro sistema político, sino que a profundizar nuestra democracia involucrando a quienes realmente hoy somos parte de las decisiones, significa traspasar el sentir de las ciudadanía de las urnas hacía acciones concretas. Desde ahí que la paridad como se estableciera en la votación del propio reglamento de nuestra Convención Constitucional a fines del mes de septiembre debe ser un piso y no techo por alcanzar.
Con todos estos antecedentes y ante la firme convicción del proceso histórico que estamos viviendo, creemos importante avanzar hacia una democracia paritaria que, en el sistema político en su conjunto y en todos los tipos de elecciones, asegure la participación y la inclusión a esos espacios de quienes hemos sido históricamente excluidos y excluidas -entre otros, mujeres, disidencias sexuales y pueblos indígenas. La Convención ha asentado, en ese sentido, un piso fundamental, que esperamos sea profundizada en la conformación del actual gobierno del P}presidente electo Gabriel Boric.
