SEÑOR DIRECTOR:
En relación a su editorial sobre la prórroga de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento (CPYE), quisiera complementar con algunos desafíos, en orden a la seriedad y responsabilidad que tiene la instancia.
Primero, es indispensable comprender que lo que le quita la paz a la Macrozona Sur es el terrorismo y el crimen organizado existente que afecta por igual a familias mapuche y no mapuche, que vulnera los derechos y libertades fundamentales e impide el progreso. Respecto de esto, la CPYE no tiene injerencia. Es más, desde ya, la principal y más antigua orgánica radical y terrorista de la Macrozona Sur, la CAM, se desmarcó ratificando que continuarán con sus actos delictuales.
Segundo, la comisión debe rehuir de diagnósticos ideologizados que la desvíen de su camino. Tercero, debe delimitar públicamente la demanda de tierras que se pretende satisfacer a aquella que tiene un antecedente de dominio reconocido por el Estado, desechando las denominadas “tierras antiguas” u otras análogas. La CPYE debe dar certeza no incertidumbre. Asimismo, existe la necesidad de un catastro que determine históricamente cuánto se ha pagado, cuántas hectáreas se han comprado, cuánto falta por entregar, a quiénes y a qué costos.
Cuarto, la naturaleza de la comisión es orientadora. Es decir, más allá de los eventuales acuerdos, lo más importante será la razonabilidad de cada una de las medidas que se propongan.
Por último, como parte importante de las posibles propuestas implicarán un costo financiero, resulta imperioso que cada medida tenga el respectivo informe financiero, de lo contrario, la política pública que se proponga no tendrá asidero en la realidad. En ello, la Dirección de Presupuestos tiene un rol fundamental.
Pablo Urquízar M.
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