Columna de Camila Ramírez: Balance de Vivienda 2023: sectores medios al alza en vulnerabilidad habitacional

La reciente publicación del Balance de Vivienda 2023 por parte de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) estima los requerimientos habitacionales en 1.089.000 soluciones. Es decir, hoy más de un millón de familias no cuentan con condiciones óptimas de habitabilidad en nuestro país.

Una de las novedades del reporte es que la CChC incorpora el concepto de “allegados por incapacidad financiera”, que corresponde a familias cuyos ingresos no les permiten afrontar el costo de un arriendo en su comuna. Esta incorporación metodológica refleja la magnitud de un problema que requiere la atención no sólo de un ministerio, sino del Estado en su conjunto.

Se trata de un grupo silencioso, invisibilizado y que -en los últimos años- ha aumentado con fuerza desde los sectores medios, configurándose en un sector de vulnerabilidad habitacional. ¿Una de las razones? El desacople creciente -de más de una década- entre los precios de la vivienda y los arriendos respecto de los ingresos familiares. De hecho, esto igualmente ha afectado a la ejecución de los subsidios, con más de 12 mil personas que entre 2010 y 2021 obtuvieron el subsidio habitacional para sectores medios, pero no pudieron aplicar su beneficio debido a los altos precios de las viviendas.

El aumento del 69% de los allegados por incapacidad financiera durante los últimos cinco años, reafirma que el problema habitacional es diverso y transversal a distintos grupos económicos, que afecta a familias con distintas necesidades y posibilidades. El Plan de Emergencia Habitacional, que tiene metas altas, dará respuesta a una parte de esta demanda. Pero el déficit habitacional es un flujo constante que seguirá aumentando, a menos que tomemos decisiones estructurales y avancemos en alianzas que permitan ir generando nueva oferta asequible, dentro de la misma dinámica de desarrollo de nuestras ciudades, que den respuesta a las familias marginadas del mercado inmobiliario.

La articulación y colaboración entre el sector público y privado, es decir, trabajar en conjunto y de forma dialogante para soluciones sociales, es componente esencial de una solución integral y oportuna. El sector privado se ha hecho presente en políticas como el Programa de Integración Social DS19, aportando desde su capacidad técnica, de gestión y recursos. Sin embargo, se deben generar nuevas relaciones virtuosas, tales como la densificación equilibrada, que es de hecho una de las recomendaciones de la CChC en su reporte.

El 2019 como Urbanismo Social fuimos parte del proyecto “Diálogos para una densificación equilibrada” liderado por el Centro de Políticas Públicas UC y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, con apoyo del Observatorio de Ciudades UC y Toctoc. Los diálogos permitieron definir cuatro pilares para una densificación equilibrada: foco en las personas; ser planificada y eficiente; mantener un equilibrio armónico y sostenible con el entorno; y la equidad e integración social. Este último pilar considera que todo proyecto inmobiliario incluya oferta accesible para quienes habitan los barrios donde se construye, que les permita quedarse donde han establecido sus redes y vínculos.

Si bien hemos visto buenos ejemplos de la aplicación de estos principios -varios de ellos destacados por el Premio Aporte Urbano- son casos aislados que no permiten generar un impacto real en el déficit de viviendas. No obstante, este tipo de proyectos resulta hoy más necesario que nunca, especialmente para los sectores medios y las familias allegadas por incapacidad financiera.

¿Qué se necesita para avanzar hacia un flujo constante de proyectos de densificación equilibrada? 1) Urge retomar acuerdos con sentido de urgencia, y mecanismos de planificación que nos permitan alinear los intereses públicos -de los gobiernos locales, privados y de las comunidades- al momento de planificar y construir nuestras ciudades, desde un diálogo basado en la transparencia y colaboración. 2) El sector inmobiliario debe seguir avanzando en tomar una mayor conciencia del importante rol público que cumplen en la ciudad. Hoy los proyectos urbanos requieren consenso y validación, no solamente cumplimiento normativo.

Por Camila Ramírez, directora ejecutiva Fundación Urbanismo Social