Por Eugenio Rivera, Fundación Chile 21
Un tema crucial del debate constitucional es la continuidad del Banco Central independiente (BCI). Se justifica con la afirmación que las autoridades políticas son incapaces de refrenarse de crear una expansión monetaria temporal por lo que conviene aislar el BCI del poder político. Eso, se sostiene, habría quedado demostrado con la gestión inmejorable del BCI chileno. Subyace a esta concepción la idea de que las decisiones del BC son meramente técnicas, que es resultado de concepciones económicas ideológica y políticamente neutrales y que ello no afecta el desarrollo democrático.
Éxitos antinflacionarios como los del BC de Chile han tenido lugar también en otras jurisdicciones con BC no independientes. Su gestión tampoco ha estado libre de problemas. Las medidas equivocadas del BCI en 1998 acentuaron el impacto de la crisis asiática. Todavía en diciembre del 2008, en plena crisis subprime, el BCI mantenía la tasa de política monetaria en 8,25%. Grave, fue la subestimación del efecto económico de la pandemia al señalar el 1 de abril del 2020 que el PIB caería en ese año entre - 1,5% y - 2,5%. El estancamiento de las exportaciones en los últimos años no se explica sin considerar la gran volatilidad del tipo de cambio al dificultar el surgimiento de nuevas actividades exportadoras.
No es preciso que la idea del BCI derive de una economía “moderna” neutral. Principales inspiradores de esta perspectiva son Hayek, la escuela liderada por Friedman, primero, y sus continuadores vinculados a la teoría de las expectativas racionales, por un lado, y la escuela de la elección pública, por otra; todos caracterizados por una profunda desconfianza en la democracia.
Las decisiones del BC tienen una dimensión técnica, pero por sus impactos distributivos y en el modelo de desarrollo expresan también opciones políticas. Paul Tucker, ex vicegobernador del Banco de Inglaterra, afirma que las agencias independientes generan un “déficit democrático” que ponen en cuestión que la gente tenga “igual voz” en esas partes del gobierno. Más en general, las agencias independientes impiden a la ciudadanía determinar el curso de las políticas públicas. Es así como cambian los gobiernos, y los consejeros del BC, son “mortalmente parecidos”.
En este contexto, se hace necesario un BC operativamente independiente pero cuyos objetivos, ampliados, fijados en la ley (la estabilidad financiera, de precios, y de los niveles de actividad que implica también una estabilidad cambiaria), se especifiquen de acuerdo con el nuevo gobierno. Se requiere asegurar que la nominación de los consejeros refleje los cambios en la decisión democrática incorporando además al ministro de Hacienda y al de Economía. Como el resto de las autoridades, los consejeros deben ser responsables, políticamente, frente al Congreso.
