Por Rolf Lüders, economista
La estabilidad macroeconómica es una de las condiciones necesarias para el crecimiento económico, y este último es un requisito para alcanzar el desarrollo. En esta materia Chile no tiene una buena historia, salvo durante la última década del siglo XX y los comienzos del actual. Es en este breve período en que se conjugó un grado razonable de disciplina fiscal con una excelente política monetaria, estrechamente vinculada a la autonomía del Banco Central.
La inflación chilena es probablemente la más larga del mundo contemporáneo. Data de 1879 y se prolongó por unos 110 años, hasta comienzos de la época de la Concertación (Tom Davis, 1963). La inflación se originó cuando Chile abandonó la banca libre, que permitía a los bancos comerciales emitir libremente billetes, pero los obligaba a convertirlos en oro. El abandono de esta convertibilidad se produjo cuando el gobierno de Chile requirió de recursos para financiar la Guerra del Pacífico y decidió endeudarse en el mercado local en vez de recurrir a tributación.
Durante esos 110 años de inestabilidad financiera -en que las tasas de inflación fueron muy variables y llegaron a superar el 500 por ciento anual- Chile experimentó agudos problemas de balanza de pagos y severas distorsiones de precios. Estas últimas deben haber retardado nuestro desarrollo y fueron mayores mientras más elevados fueran los aumentos de precios y mientras más pronunciadas fueron sus fijaciones. (Cerda y Lüders, 2011).
Tanto así, que desde mediados del siglo XX y hasta los años 80, en Chile el debate público en materia económica se centró en la inflación y sus consecuencias. Finalmente, la inflación se controló, pero solo después de haber aplicado disciplina fiscal, prohibido al Banco Central emitir en favor del Fisco, y aplicado políticas monetarias apropiadas por parte de un Banco Central técnico y constitucionalmente autónomo.
El Banco Central de Chile se creó recién en 1925 y fue evolucionando desde un banco controlado por un directorio representativo de diversos sectores, incluyendo el sector público, a -en los años 60- un banco manejado para todos los efectos prácticos exclusivamente por el Estado. En vista de que la inflación seguía siendo un problema mayor y considerando la experiencia internacional, el gobierno propuso darle autonomía, la que finalmente se materializó en 1989.
El orden macroeconómico es un bien público importante que requiere disciplina fiscal y monetaria. En Chile -como en muchos otros países- la autonomía del Banco Central, complementada con una clara definición de objetivos además de ciertas normas, como aquellas referentes a la composición de su directorio y las reglas de coordinación con el Ministerio de Hacienda, ha sido decisiva en lograr la estabilidad de precios (Céspedes y Valdés, 2006).
