Bochornosa suspensión de la Supercopa

“Junto con saludarle, le informo que se debe suspender la venta de entradas”, fue la comunicación que recibió en la mañana del lunes de la semana pasada la Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP) desde la Delegación Presidencial de Coquimbo en relación al partido entre los clubes Colo Colo y Universidad de Chile, correspondiente a la 13ª versión de la Supercopa que enfrenta a los ganadores del último Campeonato Nacional y de la Copa Chile. Un hecho que, posteriormente, con la solicitud de la ANFP de dejar sin efecto el partido -que se celebraría en el Estadio La Portada de La Serena el sábado recién pasado-, puso punto final a la posibilidad de que por ahora se pueda jugar dicha copa, generando la desazón entre los parciales de ambos equipos y de la ciudad que podría haber recibido un importante espectáculo deportivo.

Las condiciones que exigía la autoridad de jugar con aforos reducidos, de concentrar a ambos equipos fuera de la ciudad, de buscar que los hinchas fueran solo residentes en la región, reforzar las medidas de vigilancia con cámaras, mayor seguridad interna en el estadio y una mayor dotación de carabineros no fueron suficientes ante las amenazas de parte de la Garra Blanca, en lienzos desplegados durante la “Tarde alba” en que se presentaba el equipo para la presente temporada, lo que finalmente levantó las alarmas de las autoridades regionales.

Lo ocurrido es especialmente preocupante, por cuanto ciertos partidos de fútbol ya se consolidaron como eventos de muy alto riesgo que llevan derechamente a distintas administraciones regionales a negarse a que se jueguen en sus ciudades, y cuando inicialmente se establecen condiciones para ser autorizados, como en este caso, finalmente el temor que generan las amenazas y la delincuencia se imponen. Sin embargo, y tan inaceptable como esto es que los distintos actores que deben participar en la organización y autorización de eventos de esta naturaleza no puedan con la debida anticipación y coordinación prever estos escenarios, en lugar de enfrascarse en acusaciones cruzadas de si se cumplieron o no las condiciones definidas, prácticamente encima de las fechas programadas.

Tiene razón la ANFP en cuanto a que “la delincuencia no puede imponerse sobre el deporte ni sobre el derecho de los hinchas de disfrutar de los partidos en paz”, pero también lo es que deben estar las condiciones para que se haga con garantías de seguridad, y parte de ello está dado por que todos desempeñen sus roles con altos estándares de calidad. En ese orden de cosas, resulta una señal muy equívoca que las autoridades aparezcan dando la impresión de que se dejan intimidar por la delincuencia, y desde luego cabe preguntarse cuál es la utilidad de un programa como Estadio Seguro, el que precisamente está llamado a coordinar distintas instancias para permitir el normal desarrollo de espectáculos deportivos. También es necesario preguntarse por las responsabilidades de los propios clubes en relación con sus barras, cuyas actuaciones no es primera vez que comprometen el desarrollo de estos eventos, como ya ocurrió el año pasado con la misma Supercopa.

Este nuevo bochorno, lejos de ser algo meramente anecdótico, está dejando a la vista problemas muy profundos cuando un país no está en condiciones de poder llevar a cabo con normalidad determinados espectáculos deportivos producto de la inseguridad.