Bombas, palabras y justicia

Es famosa la respuesta de Albert Camus tras recibir el premio Nobel de Literatura en 1957, ante la crítica a su supuesta falta de compromiso con "la justa lucha" argelina contra la dominación colonial francesa. "En este momento se arrojan bombas contra los tranvías de Argel. Mi madre puede hallarse en uno de esos tranvías. Si eso es la justicia, prefiero a mi madre". Esas pocas palabras encierran un fuerte mensaje. En la balanza de la justicia no hay espacio para todo.

Recuerdo esta anécdota porque algo similar parece ocurrir en materia de políticas públicas de seguridad ciudadana y persecución penal. Cada cierto tiempo actores políticos de distintos colores enarbolan dichas banderas para cuestionar decisiones judiciales o instar por incremento de penas en un ilimitado afán de usar la legislación casi como las bombas en el tranvía de Argel. La hiperinflación punitiva y la demanda por mayor severidad judicial parecen ser parte de una suerte de "justa lucha" para liberarnos de la delincuencia, sin atender a sus causas, sin hacernos cargo de la crítica situación carcelaria del país, sin evaluar los límites democráticos y el respeto a las garantías propias de todo ciudadano, endosando la responsabilidad a la judicatura.

El juez no es un político. No representa a un sector u otro. No se presenta a elecciones ni elabora programas electorales. El juez debe ser neutral y juzgar objetivamente conflictos que tiene ante sí. Ello exige la existencia tanto de independencia personal del juez, esto es que en sus decisiones no influyan factores externos como independencia institucional del poder judicial. Algo que parece obvio y que en ocasiones olvidamos.

Al no ser electos por la ciudadanía, los jueces pueden permanecer firmes y no dejarse arrastrar por populismos circunstanciales, resguardando los principios y derechos recogidos en el sistema legal.

Sin embargo, ni el juez individualmente ni el Poder Judicial a nivel institucional pueden funcionar eficazmente sin la indispensable confianza pública. Dicha confianza no equivale a que las decisiones judiciales tengan que coincidir con la opinión de la calle. Es más, el juez al actuar con imparcialidad en muchas ocasiones debe decidir asuntos que contrarían a la opinión pública. Por lo mismo, cada vez que un juez reafirma el imperio de la ley contra el ocasional sentir popular, en lugar de criticar apresuradamente esa decisión, debemos reflexionar sobre el rol de la justicia en una democracia y como ese juez con su accionar cauteló la vigencia del estado de derecho. La neutralidad del juez y su capacidad de sobreponerse a la presión política o social que una eventual decisión conlleva, lejos de importar indiferencia o apatía frente a los conflictos que subyacen a los asuntos llamado a resolver, dan cuenta de jueces vigorosamente comprometidos con los principios y valores básicos de una democracia.