Por Juan L. Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso.
Todos sabemos que la relación entre la violencia y el pasado del presidente Boric no es del todo pacífica. A pesar de haber sido víctima de un humillante ataque a manos de la primera línea en la primavera octubrista, ello no obsta a que en esos tiempos el por entonces diputado haya avalado —con entusiasmo y por interés— el desorden callejero que puso en aprietos a su antecesor en el Gobierno e hizo de la vida de muchos chilenos un verdadero calvario.
Ahora el presidente Boric nos dice que «no podemos seguir soportando estos niveles de violencia» y no faltan los incautos que consideran incompatibles sus presentes declaraciones con sus diatribas pasadas. Estos últimos se equivocan. La violencia es esencialmente instrumental y es más que evidente que al presidente Boric el caos y la violencia ya no le sirven como antes. Dicho de otro modo: la violencia es buena para llegar al poder y no lo es cuando ya estás en él. En este sentido, aunque el oportunismo de Gabriel Boric es del todo reprochable, mal haríamos en considerar contradictoria una impecable lógica revolucionaria.
Tentados por el lugar común, es fácil decir que al presidente Boric “su pasado lo condena” y no faltarán los que creerán que por esto le será imposible revertir el peor momento para la seguridad pública desde el retorno a la democracia. ¿Es efectiva esta interpretación? De ninguna manera, no estamos predestinados a padecer los actuales niveles de delincuencia, crimen y desorden porque el actual Gobierno no estuvo a la altura cuando fue oposición. Dejemos las supersticiones, lo que padecemos en la actualidad no es el producto de una maldición, es el resultado de una anomia causada por la acción de unos pocos y la negligencia de quienes están llamados a hacer cumplir la Constitución y las leyes.
¿Podrá el presidente Boric revertir lo que en su tiempo celebró? Esta no es una cuestión de poder, sino de deber. El presidente de la República debe hacerlo, lo dice el inciso segundo del artículo 24 de nuestra actual Constitución (que nos acompaña desde 1833 y que proviene del artículo 170 de la Constitución de Cádiz de 1812): «Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes». Este es el deber primordial de un presidente y no “sanar las heridas que tenemos como sociedad”. El inciso anteriormente citado ha sido la viga maestra de un Chile en orden. No es casualidad que la Convención Constitucional no lo contemple en el proyecto de nueva Constitución.
Además, al presidente Boric le conviene cumplir este mandato. Tiene la posibilidad de derrotar a la derecha en su campo; donde Sebastián Piñera demostró tanta mezquindad como incompetencia. Para esto, ni siquiera es necesario que haga un mea culpa de su pasado, basta con que ahora se dedique a hacer su trabajo. Ya estamos cansados de tanta palabrería; hartos de tanto político condenando “enfáticamente” o “enérgicamente” la violencia, necesitamos resultados.
Solo depende del presidente Boric, urge que se ponga manos a la obra y abandone el discurso que victimiza a los delincuentes, el cual —parafraseando al gran Jorge Millas— parece destinado no a comprender, sino a promover y, con ello, a enmascarar la violencia. Ya lo decía Jean-François Revel: «En una democracia los gobernantes se distinguen de los jefes totalitarios por la obligación de rendir cuentas, de obtener buenos resultados o de ceder su lugar a otros». Volver a juzgar a nuestras autoridades por lo que hacen y no por lo que dicen: es el único camino que tenemos para conservar la democracia liberal.
