Por Soledad Alvear, abogada
La pandemia, que en un mes cubrió todo el planeta y tomó por sorpresa a los gobiernos y las organizaciones internacionales, ha hecho que se vuelva a valorar la prospectiva estratégica y los estudios de futuro como parte fundamental de la función pública, sea local, nacional o global. Gobernar es anticipar los riesgos y construir el futuro, con políticas de Estado basadas en escenarios posibles, que reduzcan la incertidumbre y eliminen o atenúen los efectos de emergencias como la del Covid-19 u otras económicas, ambientales o sociales. Es lo que en Chile plantea, desde antes de la crisis actual, el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, en sintonía con lo que también señalan, sustentados en datos objetivos, destacados grupos de expertos de universidades y centros de estudios en diferentes partes del mundo, como, entre otros, el Millennium Project, la World Futures Studies Federation, y, en nuestra región, la Red Iberoamericana de Prospectiva (RIBER).
La crisis sanitaria mundial ha acelerado y potenciado esta disciplina y metodología. Por ejemplo, la Unión Europea ha instalado por primera vez una Vicepresidencia de Prospectiva y un sistema de evaluación de escenarios de futuro para las decisiones de corto, mediano y largo plazo que se tomen por los organismos comunitarios en su estrategia al 2050 llamada “Horizonte Europa”. El vicepresidente de Prospectiva, Maroš Šefèoviè, ha dicho, incluso, que preferiría, en vez de reunirse con ministros del presente, reunirse con ministros del futuro. En Finlandia desde hace unas décadas funciona la Comisión del Futuro en el Parlamento, con facultades para intervenir en las decisiones de gobierno. El gobierno de Grecia ha instalado una oficina de prospectiva, y lo mismo el gobierno de España, que acaba de presentar su informe “España 2050”. En América Latina se cuenta ya con varias iniciativas en esta misma línea, como es la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado de Chile (que ha tenido directa participación en la primera ley de neuroderechos del mundo), la Comisión del Futuro del Parlamento de Uruguay, y comisiones o unidades públicas similares en Perú, México, Colombia, Costa Rica, por nombrar algunas. Por su parte, la OCDE, la OMC, el World Economic Forum, cuentan también con unidades de prospectiva, y el Millennium Project está proponiendo que la ONU instale una oficina de riesgos estratégicos. No hay, sin embargo, unidades similares en las organizaciones de integración de América Latina.
En el actual proceso constituyente de Chile y en los programas de las candidaturas presidenciales debiera abrirse un espacio para considerar que, a partir del próximo gobierno, se cree un sistema estatal permanente y autónomo de prospectiva estratégica, que oriente la toma de decisiones, anticipe riesgos emergentes y la sostenibilidad de nuestro desarrollo.
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