“Caballo de Troya”

SEÑOR DIRECTOR:

En carta a La Tercera, Gerardo Varela defiende la objeción de conciencia institucional, preguntándose si “¿Puede un supermercado negarse a vender armas? ¿Puede un restaurante vegetariano negarse a vender carne? O ¿Puede un musulmán en su almacén no vender alcohol?”

Son ejemplos absurdos, que demuestran una incomprensión del problema preocupante en un ex ministro de Educación. Evidentemente, en esos casos una objeción de conciencia es innecesaria, ya que no hay colusión alguna de derechos. Salvo en un sketch de Los Jaujarana, ningún ciudadano cree que se le conculque una garantía fundamental por no poder comprar carne en un restaurante vegetariano (o unas zapatillas en una farmacia).

Muy distinto es lo que ocurre cuando la objeción de conciencia institucional impide el ejercicio de derechos como la salud o la educación.

En 2007, las tres grandes cadenas de farmacias boicotearon la venta de la píldora del día después. El boicot solo fracasó debido a la obligación legal de las farmacias de vender los medicamentos que son parte del Registro Nacional. El actual líder de la bancada republicana, Luis Silva, escribió entonces que, de haber existido la objeción de conciencia institucional, las farmacias habrían podido exigir “una excepción a la obligación de vender la píldora” basada en las convicciones religiosas de sus dueños.

El señor Varela aduce que, “habiendo demanda”, el mercado proveerá el producto. El caso de las farmacias contradice esa aseveración. Al mismo tiempo que se coludían en los precios, los dueños de Ahumada, Salcobrand y Cruz Verde también se coludieron para negarse a entregar la píldora, obstaculizando así el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su vida reproductiva.

Hay otros ejemplos con historia en Chile. Canales de televisión se negaron a exhibir campañas de salud pública. Colegios vetaron a hijos de madres solteras o de parejas gay. Otras escuelas expulsaron a alumnas por estar embarazadas. En estos casos, reales y concretos, ¿considera también el señor Varela que debe permitirse a los dueños de empresas y establecimientos educacionales imponer a otros sus creencias, restringiendo a terceros el ejercicio de derechos básicos como la salud y la educación?

Ese es el verdadero dilema.

Daniel Matamala