Por M. Jacqueline Sepúlveda, ex vicerrectora de la Universidad de Concepción
Uno de los principios del sistema de educación superior, plasmado en el artículo 2 de la Ley N°21.091 sobre Educación Superior, es la calidad, estableciendo además que las Instituciones de educación superior y el sistema deben orientarse a la búsqueda de la excelencia. Desde el punto de vista conceptual, creo que todos, o una gran mayoría, están de acuerdo. Sin embargo, tengo mis dudas si al momento de definir calidad de la educación superior, e incluso universidad de excelencia, encontraremos el mismo consenso.
La nueva Ley de Educación Superior introduce dos importantes modificaciones que están directamente relacionadas con el aseguramiento de la calidad de las instituciones de educación superior: la acreditación institucional integral obligatoria y los nuevos criterios y estándares de acreditación. De este modo, la acreditación institucional podrá ser, de excelencia, avanzada o baìsica.
Si bien los procesos de acreditación permiten instalar una cultura de la mejora continua en las instituciones, por la diversidad de proyectos educativos y la necesidad de criterios objetivos, estos procesos se han ido instrumentalizando y burocratizando cada vez más, con el riesgo de omitir acciones sustantivas del quehacer académico.
La Comisión Nacional de Acreditación (CNA) tenía plazo hasta el 30 de septiembre para dar a conocer los nuevos criterios y estándares de acreditación de instituciones de educación superior, no obstante decidió efectuar un proceso de consulta pública para recoger opiniones sobre esta norma, antes de sancionar los documentos finales que entrarán en vigencia el año 2022. Esta consulta pública es una gran oportunidad para iniciar la discusión sobre calidad y universidad de excelencia, y para demostrar la voluntad política de quienes toman decisiones para incluir la equidad de género, la transparencia, la participación y la sustentabilidad como indicadores de calidad, transversales a todo el quehacer académico.
