Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
El Mandatario Sebastián Piñera designó recientemente a dos nuevos miembros de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), institución a cargo de evaluar y promover la calidad de la educación superior en Chile, y nombró a uno de ellos como su presidente: el abogado y académico Andrés Bernasconi. El espacio que esta designación ha tenido en medios no es proporcional a su importancia.
El nuevo presidente de la CNA es un académico de gran prestigio, ampliamente reconocido y con experiencia en universidades privadas y del Cruch. Es evidente que sus desafíos no vendrán del lado de sus capacidades, sino del complejo momento en que le toca asumir.
El sistema de acreditación de instituciones de educación superior -el proceso que el país se ha dado para evaluar la calidad de la educación terciaria- está en plena implementación de las reformas del segundo gobierno de la ex Presidenta Bachelet. Las modificaciones, que ya están diseñadas, pero no entran aún totalmente en régimen, son múltiples y pueden resumirse en tres: un cambio en la composición de la comisión (para asegurar probidad y transparencia), el establecimiento de criterios y estándares de acreditación, y la obligatoriedad del proceso (que antes era voluntario, pero requisito para que las instituciones pudieran acceder a financiamiento estatal para sus alumnos). ¿Qué dificultades traen?
Respecto de la composición de la comisión, el principal desafío es asegurar que ésta no replique una característica de la cual ha adolecido: un sesgo permanente contra las universidades privadas. Éstas, por mucho que avanzaran en la formación de sus egresados, su investigación y vinculación con la comunidad, siempre sufrieron un “techo invisible” de calidad que las supeditaba a las universidades tradicionales. Afortunadamente, este techo parece haberse roto una vez implementada la última reforma, pero es necesario mantener el curso.
En relación a los criterios y estándares, es decir, los referentes según los cuales se realizará la acreditación, la CNA ha hecho un trabajo de diseño relevante. Éste sufrió un importante traspié en sus inicios (el primer borrador fue transversalmente rechazado ante el riesgo de estandarizar la educación superior), pero luego fue mejorado. La continuación de este trabajo es generar las herramientas para evaluar, en la práctica, estos criterios y estándares. Estas herramientas y pautas no pueden traicionar los principios que inspiran el sistema: la valoración y respeto por los diferentes proyectos educativos y planes de desarrollo institucionales. No hay una sola forma de ofrecer educación superior de calidad, y la acreditación debe respetar aquello.
La obligatoriedad del proceso tiene una externalidad negativa. Más de 40 instituciones, la mayoría del ámbito técnico, regionales y pequeñas en matrícula operaban en el sistema anterior sin acreditación. Entre 2021 y 2022, estas IES deberán iniciar el proceso, y en caso de no acreditarse exitosamente, deberán cerrar. Si bien esto puede ser un costo necesario para asegurar un sistema con una calidad mínima conocida, no hay duda que representa un cambio de reglas del juego y un aumento muy considerable de la presión estatal sobre casas de estudio institucionalmente ligeras y débiles. Por lo tanto, la institucionalidad debe evitar un cierre masivo que afecte el derecho a la educación de los estudiantes que eligieron esas instituciones.
Pero hay un riesgo final que no depende de la implementación de la ley, sino de la administración entrante. El programa de gobierno de Apruebo Dignidad propone “reconceptualizar” la calidad de la educación superior. Lo que ello significa no es muy claro, pero introduce un riesgo conocido: la voluntad de intervención de la educación superior desde la regulación, para fijar centralizadamente qué se entiende por “calidad” según criterios y preferencias políticas. Esto ha sido y debe ser evitado a toda costa, por muy idealista y bienintencionado que pudiera parecer, pues el riesgo es que la autoridad eche mano a la acreditación para excluir a las instituciones cuyos proyectos no sean afines a su administración, vulnerando la autonomía universitaria. Siendo este uno de los pocos consensos que quedan en el país, vale la pena resguardarlo.
