Por María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo
La semana pasada concluyó el trabajo del panel convocado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para realizar mejoras a la Calificación Socioeconómica (CSE) del Registro Social de Hogares (RSH). La instancia, en que tuve la oportunidad de participar, se inició en agosto de 2020, por lo que coincidió con la presión que la entrega del Ingreso Familiar de Emergencia impuso sobre estos instrumentos. Esta se verifica en el hecho de que, si entre 2016 y 2019 las solicitudes de ingreso o actualización de información del RSH se ubicaban en torno a 1,6 millones, en 2020 se dispararon hasta 5,3 millones.
Lo anterior obligó al despliegue de grandes esfuerzos para permitir que los hogares accedieran a los beneficios creados debido a la emergencia sanitaria. Y si bien al comienzo se cometieron errores, principalmente porque el RSH y la CSE no habían sido creados para identificar caídas de corto plazo en los ingresos, a la larga se lograron importantes aprendizajes y mejoras que el panel pudo constatar. Prueba de ello es la disminución en el tiempo de respuesta a las solicitudes de los usuarios, que desde 2019 cayó de 16 a tan solo 3 días promedio, así como la inédita cobertura alcanzada por el RSH, que hoy llega a 16,3 millones de personas (el 87,3% de la población del país), que pueden optar a los programas sociales del Estado.
Ahora bien, pese a las mejoras, el panel identifica varios desafíos que se deben enfrentar. Primero, mejorar la calidad de los datos y reducir los incentivos a comportamientos oportunistas en la entrega de información auto reportada. Para ello recomienda incorporar nuevos datos administrativos, mejorar los procesos de verificación de información, que los organismos a cargo asuman un rol más activo en promover la entrega de información reciente y fidedigna, introducir la posibilidad de caducar registros muy antiguos y avanzar hacia un registro único que dificulte la alteración de datos en vista a la obtención de un determinado beneficio. Asimismo, propone cuidar el diseño de los programas sociales que se otorgan por medio de la CSE y mejorar la coordinación con los organismos ejecutores en la definición de la población elegible.
Segundo, el panel destaca la necesidad de mejorar los tiempos de actualización de la información. Durante la pandemia, la imposibilidad de conocer oportunamente la situación reciente de los hogares llevó a extender los requisitos de elegibilidad para el IFE a casi la totalidad del RSH y así evitar errores de exclusión. Ello llevó a destinar recursos a hogares que no habían sufrido una caída en sus ingresos y a incurrir en un gasto fiscal insostenible. Es por ello que el panel recomienda seguir reduciendo los rezagos en la actualización de los datos administrativos y aumentar la frecuencia de cálculo de la CSE. Todo esto será clave para avanzar en mejores instrumentos de información y focalización, mejorando la eficiencia y justicia de la política social.
