Por Emilio Oñate, decano de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central
La aprobación del proyecto de ley que permite el retiro del 10% de las AFP logró, sin quererlo ni buscarlo, uno de los mayores consensos entre los diversos actores políticos de los últimos años.
Horas después de esta votación, diversos personeros y parlamentarios han declarado haber cambiado su posición sobre el plebiscito, cuya realización el 25 de octubre próximo acaba de ser confirmada, señalado que, aunque antes estaban por el apruebo, ahora votarán rechazo frente a la consulta de elaborar o no un nuevo texto constitucional.
Lo significativo, desde luego, no es el legítimo derecho de cada cual a cambiar de opinión, en especial porque en política y asuntos públicos, como hemos sido testigos tantas veces, los hechos cambian y eso puede hacernos cambiar de opinión.
Lo preocupante es que los argumentos que esgrimen para cambiar de opinión se relacionan con el clima de confrontación en el que estaría el país, con la beligerancia de un sector por sobre otro que plantea ideas o propuestas distintas a las que ellos u otros sustentan, concluyendo entonces que no estarían dadas las condiciones para realizar el plebiscito de octubre próximo.
Desde luego, esos argumentos representan un profundo error, no solo porque desconocen lo que ha sido la historia constitucional chilena, donde los contextos sociales y políticos en el que se ha desarrollado el proceso constituyente siempre ha sido de visiones y contradicciones, incluso mucho más extremas que las actuales: basta recordar la guerra civil entre liberales y conservadores que concluyó en la batalla de Lircay en 1830, y que fue la antesala de la Constitución de 1833; o la intervención de las FF.AA. y el regreso a la Presidencia de Alessandri Palma para la elaboración de la Constitución de 1925; y la actual Constitución de 1980, que surge en un contexto en que los derechos y libertades estaban conculcados.
Tal vez no exista un mejor contexto que el actual clima social, ni mejores argumentos como las diferencias de visiones que se promueven desde el mundo político, para encauzar institucionalmente ese malestar, generar un espacio de encuentro entre las fuerzas políticas y las legítimas demandas sociales, que el proceso constituyente el que nos encontramos. Más aún, lo ocurrido estos días en el Congreso es expresión de que la actual Constitución no es ya ese espacio común que le da unidad al ordenamiento jurídico, ni tampoco es la norma fundamental que se interpreta más o menos uniformemente y que por consiguiente no es factible alterar.
Por el contrario, es claro que la actual Carta Política no es capaz de procesar adecuadamente las demandas y tensiones propias del proceso social, siempre complejas y cada vez más demandantes, y este es el principal indicador de que esta convención que contiene las reglas del juego democrático, debe cambiar.
