Cambio a sistema de notarios

Después de siete años de tramitación legislativa -no exenta de un gran debate y actividad por parte de grupos de interés-, el proyecto que modifica el sistema registral y notarial vigente en nuestro país desde hace 150 años se encuentra en sus etapas finales, esperando que la comisión mixta -que comenzó a sesionar la semana pasada- se pronuncie sobre siete enmiendas introducidas por el Senado que fueron rechazadas en la Cámara.

Y si bien se trata de un sistema que ha dado seguridad jurídica a muchas transacciones y otorga medios probatorios valorables, ya en 2012 y 2013 se habían presentado proyectos que buscaban actualizarlo a los nuevos requerimientos. Un Informe de la Fiscalía Nacional Económica sobre el mercado de los notarios entregado el 2018, por ejemplo, daba cuenta de una concentración de los servicios, de las barreras de acceso a esta actividad y de las demoras para los usuarios, entre otros temas.

Así, el proyecto actualmente en trámite buscó modernizar el sistema, estableciendo mayores estándares de transparencia, aumentando la competencia y modificando el sistema de nombramientos de quienes desempeñan sus funciones al disminuir los niveles de discrecionalidad existentes en ellos. Junto con ello se permitía la incorporación de tecnología para facilitar el acceso a los trámites y servicios, disminuyendo los costos y reduciendo los trámites que se exigía validar ante notario. Sin embargo, mucho de ello se fue eliminando o modificando durante el proceso legislativo.

Cambios en pro de la transparencia, como la incorporación de la Alta Dirección Pública en el proceso de nombramiento para atenuar la discrecionalidad existente, son razonables. Los parentescos y relaciones personales en las designaciones han sido objeto permanente de la crítica a los procesos de designación, los que muchas veces obvian los méritos. Sin embargo, es importante que los nuevos requisitos que se consideren apunten directamente a la calidad de quienes ejercerán los cargos, sin levantar nuevas barreras de entrada, y que exista absoluta claridad y transparencia sobre la ponderación de los mismos, como se está discutiendo en la comisión mixta a propósito de la experiencia.

Sin perjuicio de lo anterior, es lamentable que finalmente haya quedado fuera la introducción de los fedatarios, lo que hubiera permitido incorporar un mayor número de actores que se desempeñaran como ministros de fe en trámites no registrales que desempeñan los notarios -lo que aparecía como una gran innovación en el proyecto original, y que eliminó el Senado-, lo que habría facilitado el acceso de los usuarios, ya que posibilitaría una mayor cobertura, agilizaría los tiempos de espera, introduciría más grados de competencia y claramente podría bajar los costos de esos servicios.

Por otra parte, y si bien en los últimos años ha habido esfuerzos por revisar las obligaciones legales, como no exigir reducciones a escritura pública o incorporar el uso de documento electrónico con firma electrónica avanzada, es fundamental seguir avanzando en ello, especialmente con las oportunidades que ofrece la tecnología, y que en esta oportunidad ha quedado en deuda. Hacerlo permitiría simplificar los trámites para la ciudadanía y para la actividad económica y comercial, sin hipotecar la seguridad jurídica que da el sistema.