Cambio climático 2
Todas nacemos iguales, pero no todas aportamos el mismo dióxido de carbono a la atmósfera. De hecho, los países que más contaminan son los más ricos, pero quienes están sufriendo y enfrentarán las consecuencias son los más pobres (MacKay, 2009). Por lo mismo, espacios multilaterales como la COP25, que promuevan acuerdos relevantes amplios, en donde prime el interés y el cuidado de todos, son claves.
Lo que pasa a escala global se repite en Chile a escala local. Chile es uno de los países que más sufrirá (y ya está sufriendo) las consecuencias del cambio climático (CC). Una de esas consecuencias es la megasequía en la que estamos (33% se debe a esto, Garreaud 2019). Una definición básica de sequía es una anomalía climatológica transitoria en la que la disponibilidad de agua está por debajo de lo habitual de un área geográfica, por lo cual el agua no es suficiente para abastecer las necesidades de las plantas, los animales y los humanos que viven en dicho lugar. En el caso de la zona central y centro sur de Chile esto ya lleva una década, lo que es considerado algo sin precedentes.
En este escenario entonces hay que tomar importantes acciones, incluida una institucionalidad poderosa que vele por el interés social. Lo peor es quedarse de brazos cruzados mirando cómo el problema se transforma en un desastre ecosocial.
En primer lugar, el sistema de distribución de acceso y uso del agua ya no puede seguir operando como hasta ahora. Según un informe de OCDE (2017) "las distorsiones en la asignación y comercio de derechos de aprovechamiento de aguas (DAA), y la falta de gestión integral de los recursos hídricos traen aparejada una sobreexplotación de algunos acuíferos y exacerban los conflictos locales". De hecho, se han otorgado seis veces más permisos que el agua disponible para extraer. Además, el Código de Aguas establece que en caso de sequía o agotamiento del recurso el Estado tiene el deber de actuar.
En segundo lugar, hay que notar que los grandes consumidores de agua en Chile son la industria forestal con el 59% y agricultura el 34%, mientras el agua potable y saneamiento es el 2% (Jaramillo y Acevedo, 2017). Así que será necesario una redistribución en este ámbito. Obviamente esto tendrá consecuencias económicas para esos sectores y esto también es uno de los efectos que se prevén del CC. De hecho, la principal consecuencia de lo que estamos viviendo es que cuestiona la forma en la cual hemos estado creciendo. Mucho debe cambiar. En todo caso y, en tercer lugar, hay evidencia internacional exitosa en este ámbito. En Israel, por ejemplo, se recicla el 90% del agua y han desarrollado tecnologías para usar el agua de mar. Sin embargo, esto último requiere de importantes inversiones públicas, lo que es a la vez un espacio de crecimiento.
No hay duda que estamos en una emergencia y es algo que fue informado por los científicos hace años. ¡Es tiempo que la política haga su trabajo!
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