SEÑOR DIRECTOR:
Dorothy Pérez partió con energía sus primeros días como Contralora. En un dictamen reciente puso fin a la controvertida “doctrina Bermúdez” de la confianza legítima que extendía la inamovilidad de los funcionarios públicos al personal a contrata y honorarios por el mero hecho de llevar un par de años en el cargo, dejando este debate para los tribunales de justicia. La Contralora resolvió que la permanencia de los funcionarios a contrata y honorarios es una materia litigiosa que deberá, en lo sucesivo, resolverse en tribunales.
Las reacciones de la ANEF y abogados administrativistas fueron instantáneas. Pero más allá de los intereses que el dictamen toca, pone en relieve la urgencia de crear un nuevo estatuto para el empleo público. El actual data de 1989 y ha quedado obsoleto. Tanto la Ley de Presupuestos como interpretaciones de la misma Contraloría y de los tribunales superiores de justicia han construido un sistema paralelo que poco tiene que ver con la norma original, generando un marco jurídico difícil de entender y fácil de arbitrar.
Los trabajadores de planta, estables y permanentes son una especie en extinción. Las contratas, pensadas inicialmente como estatutos excepcionales y flexibles ya no son ni lo uno ni lo otro. Los asesores de confianza a honorarios proliferan en todas las oficinas gubernamentales y se ha vuelto complejo contar cuántos son. Por último, a muchas de las nuevas instituciones que se crean se les establecen estatutos laborales especiales para evitar la aplicación de nuestro enrevesado Estatuto Administrativo. ¿Y si esta vez aprovechamos la puerta que abrió la Contralora para hacernos cargo de este problema histórico?
José Antonio Valenzuela
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