Cambios en estado de excepción para Macrozona Sur

El Congreso aprobó por amplia mayoría la novena prórroga del estado de emergencia para la Región de La Araucanía y dos provincias del Biobío, solicitada por el Presidente de la República conforme con sus facultades constitucionales, con lo cual esta medida continuará rigiendo a lo menos hasta fines de este mes. Ésta viene aplicándose ininterrumpidamente desde mayo, luego de que inicialmente el gobierno decidiera dejar de invocarla.

Tanto el Ejecutivo como la gran mayoría de los parlamentarios han concordado en la efectividad del estado de emergencia -lo que se ha traducido en una caída del número de ataques-, si bien hay plena conciencia que la violencia sigue en niveles muy peligrosos y que el concurso de las Fuerzas Armadas por sí sola no basta para terminar con este flagelo.

Durante su exposición en el hemiciclo, la ministra del Interior detalló la estrategia integral que pretende seguir el gobierno para enfrentar los problemas de la Macrozona Sur, confirmando que una de las medidas será la presentación de un nuevo estado de excepción, el que describió como de “resguardo y protección”. Este tendría una duración aproximada de 60 días -hoy requiere para su renovación la aprobación quincenal del Congreso- y permitiría el accionar militar con hipótesis de actuación más precisas. La base de la iniciativa sería una nueva versión del proyecto de infraestructura crítica, cuyo texto original fue desechado en el trámite legislativo fundamentalmente por desacuerdos al interior del oficialismo.

La ministra justificó la necesidad de contar con esta nueva herramienta debido a que el estado de excepción es por definición transitorio, acotado y muy excepcional; no solo implica la movilización de personal militar -dijo-, sino que además suspende garantías constitucionales de las personas.

Si bien se requieren más antecedentes para efectos de ponderar con más exactitud la pertinencia de la propuesta del gobierno, un primer aspecto que resulta interesante es que ya no discute que la presencia militar resulta necesaria en casos como el que vive la Macrozona Sur, donde la actuación de grupos que recurren a prácticas de naturaleza terrorista o de guerrilla rural ha afectado dramáticamente a los habitantes y a las actividades productivas de estas zonas. Esto contrasta con los tozudos predicamentos ideológicos que Apruebo Dignidad sostenía al inicio de su mandato, en que acusaba que el estado de excepción era “militarizar” la zona.

Una propuesta como la formulada por el gobierno avanzaría en la dirección correcta en la medida que lo que se busque sea agilizar el despliegue de la presencia militar cuando se requiera en razón de grave trastorno del orden público. El que su invocación no suponga tener que afectar una serie de garantías constitucionales, como es lo propio de un estado de excepción constitucional, también resultaría razonable, si bien la invocación del estado de emergencia hasta el momento no ha implicado la restricción de dichas garantías. Con todo, es relevante que bajo este nuevo estado quede claro que la misión de protección de la vida de las personas y las potestades del uso de la fuerza -siempre bajo control judicial- seguirán presentes, tal de no alterar el sentido del bien mayor que se busca cautelar.