Por María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo
Las filas que se vieron en el comercio antes de Navidad, debido a las restricciones en el aforo y a la mayor disponibilidad de dinero proveniente de ahorros previsionales, muestran lo que ocurre frente a alzas de demanda por encima de la oferta disponible. Guardando las diferencias, ello es similar a lo que puede pasar en otros ámbitos, como la educación superior, donde los cupos son insuficientes para recibir a todos quienes aspiran a ingresar a ella. Sin un mecanismo de selección de postulantes, también veríamos colas afuera de las universidades; en cuyo caso, el que lograría acceder no sería necesariamente el con más mérito, sino posiblemente el que llegó primero, el más fuerte o el más apitutado.
Ello habla de la importancia de contar con un sistema de admisión confiable, que asigne los cupos de forma justa, que sea transparente, que prediga correctamente el éxito futuro de los seleccionados y que envíe al sistema escolar las señales correctas en cuanto a las habilidades necesarias para ello. La PSU no cumplía cabalmente con estos requisitos. Al evaluar conocimientos, tenía un sesgo en contra de los alumnos de menor nivel socioeconómico y de los de educación técnico profesional, sobrecargaba los contenidos de la enseñanza media y fallaba en su grado de predictibilidad.
Estos problemas, combinados con la ideología, han contribuido a generar el rechazo de algunos grupos a toda forma de selección y una demanda utópica por reemplazar cualquier prueba por un acceso irrestricto. Lo que, sin embargo, no se hace cargo de la cuestión de fondo, sobre cómo priorizar y definir quiénes ingresarán en los cupos disponibles. Tras varios años de conocerse estas falencias, el traspaso de la administración del sistema de admisión al Mineduc ha llevado a que por fin se tomen medidas, pero éstas requieren gradualidad. Es así como el actual proceso implementará una prueba de transición hacia la evaluación definitiva en 2023.
La preocupación por una admisión más justa no puede justificar cambios de forma irreflexiva. La única forma de favorecer a los más desaventajados es multiplicar los esfuerzos para que lleguen mejor preparados a la educación superior, con las competencias que no solo les aseguren poder acceder, sino mantenerse y estar a la altura de las exigencias que ésta impone. Ello pasa por mejorar la enseñanza en el aula, tarea difícil en tiempos normales, pero más aún con las escuelas cerradas por los recurrentes paros y ahora por la pandemia. Mientras no se avance con decisión hacia allá e incluso se torpedee ese objetivo con iniciativas cosméticas que solo se entrometen y dificultan la labor de las escuelas, ningún sistema permitirá alcanzar mayor equidad en el acceso a la universidad; así como tampoco lo hará la eliminación de las mediciones, que lo único que lograría sería un exceso de demanda que a la larga tendría que acomodarse mediante otros mecanismos, seguramente menos confiables que la propia PSU.
