Por María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo
Desde el año 2014 y previo a la pandemia, el progreso económico y social del país sufrió un abrupto estancamiento. Es así como, tras décadas de crecimiento casi sostenido, el alza en el PIB per cápita se detuvo, lo que tiene un efecto en el empleo, en los sueldos y en diversos indicadores de bienestar social. Por el contrario, lo que sí creció de forma continua fueron las promesas de los políticos, así como el gasto público que, sin embargo, no fue acompañado de mejoras constatables en la satisfacción con los servicios que se financian en virtud de éste. Es posible que estos elementos se conjugaran y contribuyeran con la creciente sensación de que el país necesitaba un cambio que permitiera retomar la senda del progreso.
Pero la clase política, enfrascada en debates abstractos interminables y cada vez más alejada de las prioridades de los chilenos, parece haber renunciado a sus atribuciones de promover de forma oportuna esos cambios. Es lo que se desprende del constante ataque a la iniciativa privada que daña el progreso y de la inexplicable paralización en el Congreso de proyectos para mejorar las pensiones, el cuidado de los niños a través de la sala cuna universal o de iniciativas que buscan facilitar el control de la seguridad y el orden público. En lugar de abocarse a las tareas que sí se encontraban en sus manos y buscar acuerdos para sacarlas adelante, se escudó en la necesidad de un plebiscito que nos han tratado de hacer creer vendrá a resolver todos nuestros males.
La ciudadanía pedía cambios concretos y el de la Constitución apareció en el camino. Pero no nos confundamos; el eventual debate sobre esta materia será incapaz de suplir la materialización de políticas públicas que posibiliten los avances que el país requiere. Gobierno y Congreso tienen una función inmediata que no se puede eludir. En ese sentido, un camino mucho menos sexy pero más propicio -y que hoy mismo está en manos de la clase política- es mejorar la eficacia con que el Estado gestiona los recursos que aportamos los contribuyentes. Hasta qué punto estos se nos retribuyen en la forma de beneficios y servicios públicos de calidad, y en qué medida son asignados a partir de un proceso racional que promueve la mejora continua y la oportuna actualización de las prioridades. Solo como ejemplo, desde 2011 se destinan anualmente más de US$ 4.200 millones en programas con desempeño insuficiente, cifra posiblemente subestimada si consideramos que la Dirección de Presupuestos evalúa menos del 2% del gasto público total.
Se trata de una materia de primer orden que resulta tan o más importante que el eventual debate constitucional y que debe avanzar en paralelo a éste. Pase lo que pase luego del plebiscito, esto permitirá lograr de manera mucho más concreta y directa los cambios que los chilenos demandan y, de ser correctamente liderado, es un asunto que podría incluso ayudar a devolver la confianza que en el último tiempo fue perdiendo la clase política.
