Camino a la Convención Constitucional

Por Camila Vallejo, Catalina Pérez y Maya Fernández

La oportunidad de transformación histórica que se abrió el 25 de octubre, lo hace sobre un escenario de profunda crisis de la democracia representativa y una movilización ciudadana abierta e impugnadora: no queremos esta Constitución y no queremos que la redacten los mismos de siempre. Esto exige ordenar esfuerzos en torno a dos objetivos: la Convención Constitucional tiene ser un fiel reflejo del Chile actual y debe afirmar su capacidad de realizar transformaciones mediante la construcción de mayorías.

Que no sean los mismos de siempre no se puede traducir en una política de maquillaje más por parte de quienes insisten en mantener las viejas prácticas o convertirlo en una mera consigna. Para hacerlo realidad es necesario ceder poder a quienes han estado alejados y excluidos de los espacios de decisión por demasiado tiempo. En esta discusión, algunos partidos políticos parecen creer que la inclusión, la diversidad y la democratización del proceso pasa por cuántos cupos pondrá cada uno sobre la mesa, pero esta medida no resulta en nada suficiente para la magnitud de la crisis democrática. A nuestro juicio, este primer objetivo exige grandes tareas. Por un lado, asegurar la electibilidad de convencionales constituyentes que representen a grupos excluidos de los espacios institucionales del ejercicio de poder y, por otro lado, garantizar mecanismos de participación, incidencia y control ciudadano de la Convención.

Garantizar la electibilidad exige legislativamente: aprobar escaños reservados para pueblos indígenas (supernumerarios y mediante autoidentificación), reducir las barreras para la participación y elección de independientes (para eso permitir los subpactos entre independientes es esencial) y de personas con discapacidad. Políticamente, exige que los partidos se comprometan como herramientas para la disputa de ideas y no como plataformas de posicionamiento de los mismos rostros de siempre. Las listas lideradas por partidos políticos deben priorizar a sus dirigencias sociales, territoriales, disidencias sexuales y también ceder cupos a quienes, compartiendo ideas, han optado por una forma de organización diversa a la de los partidos y, por tanto, se posicionan desde el mundo independiente.

Urge comprender que, en el marco de crisis de la democracia representativa, la profunda y constante organización popular debe emprender un camino de radicalización democrática que ofrezca caminos a la participación ciudadana en términos de no solo acceso a la información (la propuesta de sesiones secretas que hemos escuchado por sectores oficialistas parece injustificable), sino también mecanismos de colaboración y control ciudadano durante todo el desarrollo de la Convención. El diseño de participación ciudadana ejecutado durante el proceso impulsado por la expresidenta Bachelet debe ser un piso de trabajo sobre el cual se convoque y reconozca la elaboración de cabildos durante el proceso, las audiencias públicas de los convencionales, la movilidad de la Convención hacia diversos lugares del país. En definitiva, crear espacios deliberativos que le permitan a cada vecino y vecina ser participar de la construcción de un nuevo pacto democrático. Todo ello debe ser parte de un acuerdo político y social transversal de todas las fuerzas de cambio que se materialice en una propuesta de reglamento de la Convención, con independencia del diseño electoral por la que cada partido u organización opte.

Una Convención apropiada por el pueblo como nuevo sujeto político que se expresa para disputar poder a las élites económicas y políticas de nuestro país debe estar en el centro de los objetivos de todos los actores que deseen empujar transformaciones. Si queremos trabajar con unidad para impedir la sobre representación del rechazo, estos elementos son imprescindibles. Estamos contra el reloj.