Por Sergio Baeriswyl, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano
El informe de Techo y Fundación Vivienda es desgarrador. Son 81 mil familias viviendo en asentamientos precarios, en su mayoría sin acceso formal a agua potable. Esto nos sobrecoge profundamente y nos moviliza a buscar un acuerdo país, que permita impulsar acciones inmediatas y poner en marcha un plan nacional habitacional más ambicioso, que lleve esperanza y certeza de solución a quienes más lo necesitan.
El aumento de los campamentos es una clara expresión de las limitaciones de la política habitacional chilena, que ha incrementado la incertidumbre de miles de familias, que ya no confían, o bien, no ven posible acceder a una solución por parte del Estado, lo que las mueve a buscar su propia solución, aun cuando esta sea en la informalidad.
Esta es una urgencia nacional y solo encontraremos un camino de solución en la medida que el país se comprometa con un plan nacional que entregue certidumbre suficiente a quienes deberán esperar varios años antes de acceder a una casa.
Desde la crisis social del 18-O y luego en la pandemia, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU) ha insistido especialmente en la necesidad de impulsar acciones urgentes para promover una reducción del déficit habitacional al año 2025, entre ellas, nuevos programas habitacionales en suelo público, una ley de integración social y regeneración urbana, un robustecimiento del banco de suelo público, una ampliación de la Glosa 11 de la Ley de Presupuesto que permite al Minvu comprar suelo, la creación de un parque de vivienda pública y un aumento significativo del subsidio de arriendo.
Compartimos plenamente lo expresado por nuestro consejero Sebastián Bowen, en el sentido de entender esta realidad como una urgencia a nivel país, una problemática de Estado que va más allá de los gobiernos en ejercicio, y que requiere de la acción colaborativa de varios ministerios.
Pero, mientras todo eso se concreta, debemos fortalecer la habitabilidad primaria de los campamentos, como lo ha anunciado el Minvu, llevando kit de higiene, suministro de agua potable, casetas sanitarias, recolección de basura e iluminación provisoria, entre otros servicios.
Además, es fundamental, reforzar el trabajo con las familias y dirigentes de los campamentos y tomas, realizar programas de capacitación e información que ayuden a la construcción de comunidades; tomar medidas severas para evitar la acción de promotores inescrupulosos y especuladores de suelo que engañan y lucran con la ocupación informal, y acompañar a las familias para sobrellevar la dura espera, hasta acceder una solución habitacional.
Sabemos que nada será suficiente en el corto plazo para las familias que viven en la precariedad de un campamento, pero creemos que es posible construir esperanza y certidumbre, ello en la medida que existan mejores leyes y programas, que restablezcan la confianza en un futuro mejor para las familias y la vida en nuestras ciudades.
