Gloria de la Fuente es presidenta del Consejo para la Transparencia.
La elección presidencial que se resuelve el domingo ha estado marcada por un tenso debate público. Como hemos visto en otras latitudes, decisiones de esta envergadura generan un ambiente propicio para la emergencia de fenómenos como la contaminación informativa, la campaña negativa e incluso, la propagación deliberada de noticias falsas.
La idea de ocupar la mentira en política es antigua, cómo olvidar la tristemente célebre frase atribuida al ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels, “miente, miente, que algo queda”, o la búsqueda por torcer la realidad para apelar a la emoción por sobre los datos objetivos. La fórmula para esta mentira ha sido actualizada y bautizada hace unos años como “posverdad”, pero con la particularidad de que el fenómeno hoy radica en el aumento exponencial del uso de información, junto con el uso de tecnologías como Big Data, inteligencia artificial, uso de algoritmos y microtargeting.
Así, la velocidad de propagación de información a través de distintas plataformas alcanza niveles inusitados, sin que exista una regulación adecuada de los servicios que ofrecen las distintas redes sociales, ni del uso de datos personales de quienes suscriben a estas. Y a ello se suma la hiperconectividad en la que vivimos, donde la gran mayoría tiene un smartphone conectado a alguna red.
La cuestión no es menor. Según investigadores del MIT, las noticias falsas se difunden mucho más rápido que las verdaderas y ya sabemos el impacto que fenómenos como el de Cambridge Analytica tiene en procesos electorales a través del uso indebido del microtargeting para torcer realidades y difundir contenidos falsos. Fenómeno similar ocurrió en España en 2019, donde se calcula que casi 10 millones de españoles recibieron algún tipo de mensaje falso o de odio a través de diversas plataformas y, por cierto, no se trata de los únicos casos.
El fenómeno tampoco es desconocido en Chile. Un reciente estudio de la U. Católica de Valparaíso, demostró como se difundían a través de plataformas y con la complicidad de líderes de opinión, discursos de odio y noticias falsas sobre la Convención Constitucional, lo que -evidentemente- puede afectar la percepción que las propias personas tienen sobre su funcionamiento.
No hay recetas infalibles para combatir este fenómeno en ninguna parte del mundo, un exceso de regulación puede constituir una vulneración grave a la libertad de expresión, pero la ausencia de esta genera espacio propicio para la propagación de noticias falsas y constituye una amenaza para la decisión informada. De ahí que sea necesario avanzar hacia políticas públicas que logren garantizar al mismo tiempo la protección de los datos personales y la libertad de expresión e información. En tal sentido, le corresponde a la ciudadanía un rol que es irremplazable no solo en tener una actitud más reflexiva sobre la información que se consume y comparte, sino también en denunciar y castigar la mentira como una práctica nefasta, que nos lleva a retroceder en nuestra convivencia y en nuestros estándares democráticos.
