Por Gonzalo Martner, economista y profesor titular de la Universidad de Santiago
La situación sanitaria y económica del país se encuentra en un punto crítico. En un momento en que la palabra clave es la reciprocidad (si yo me cuido te cuido, si tu te cuidas me cuidas), debieran funcionar consensos y una gran unidad para contener la pandemia con una fuerte disciplina colectiva. Y también pactar medidas eficientes (al menor costo) y eficaces (con la cobertura necesaria) para aminorar sus efectos económicos.
Pero, ¿cómo no levantar una voz crítica cuando las autoridades trataron desde el 15 de abril, en pleno desarrollo de la pandemia, de producir un retorno al trabajo por evidentes presiones empresariales sumadas al voluntarismo gubernamental? ¿O cuando el grueso de los recursos fiscales se destina a aliviar a las grandes empresas sin compromiso de mantencion de los empleos, no fluye el crédito de emergencia a las Pymes, la suspensión de contrato laboral se financia con los fondos de cesantía de los trabajadores o los apoyos en ingresos a las familias son mínimos? ¿O cuando el gobierno apenas dialoga con sus alcaldes, que lo obligaron a tomar las primeras medidas de precaución, con su comité de expertos o con el Colegio Médico, para no hablar del Parlamento? ¿O cuando sus ministros comentan las dificultades o no se hacen cargo de ellas, como si no estuvieran a cargo de evitar una depresión económica que amenaza a la sociedad chilena y especialmente a sus categorías sociales más vulnerables?
Lo más reciente es que el gobierno decidió distribuir canastas de alimentos por 100 millones de dólares. Prefirió esta solución efectista y paternalista -símbolo del clientelísmo político-, en vez de aumentar el muy precario apoyo monetario a las familias sin ingresos que las preserve del hambre y dinamice los circuitos de almacenes de barrio y ferias. El Ingreso de Emergencia se entregará por tres meses “reduciéndose de manera gradual a la espera de que estos hogares puedan retomar sus fuentes de ingresos”, según dice el gobierno. Su monto inicial de 65 mil pesos ya está por debajo de la línea de pobreza.
Toda persona con algo de formación en microeconomía sabe, además, que con la entrega de apoyos en especie se producen efectos de sustitución: lo que viene en la caja de alimentos dejará de ser adquirido por la familia y ésta tendrá un monto equivalente de dinero disponible. Por eso es más simple entregar dinero directamente. Bienvenida sea la ayuda de las cajas de alimentos ante un panorama tan crítico para tantas familias, aunque para más de alguna se parecerá a una humillación y así lo expresarán. Pero no puede dejar de subrayarse que existen mejores mecanismos para el acceso gratuito a alimentos. Sin ir más lejos, en Estados Unidos (https://www.usa.gov/espanol/asistencia-alimentaria), los vales de alimentos distribuidos por el gobierno desde hace décadas se presentan en los supermercados y almacenes para retirar productos básicos. ¿Por qué no se aplicó aquí? Lo más eficiente es la entrega directa de subsidios monetarios o, por último, las tarjetas para compra de alimentos.
El hecho de fondo es que deberá reforzarse mucho más el apoyo a las familias sin ingresos. El gobierno argumenta que “no se puede usar de una vez todos los cartuchos”, argumento que no se sostiene frente a la urgencia de evitar el hambre. La suspensión o destrucción de empleos formales e informales avanza a pasos agigantados, sin que, incomprensiblemente, se use las reservas fiscales y la opción de endeudamiento a tasas bajas que el país tiene a disposición para sostener los consumos básicos de todos. Ya no se puede esperar más tiempo para actuar con la envergadura necesaria.
