Por Manuel Marfán, director del Programa Cieplan-U. de Talca
La actual pandemia genera fuertes costos para todos. Las medidas del gobierno y del Banco Central están enfocadas a mitigar esos costos. ¿Debieran haber medidas especiales para las grandes empresas en problemas? Las que son viables en el largo plazo pero con problemas graves en la emergencia actual también debieran recibir ayuda del Estado. Pero no cualquier ayuda.
De hecho, ya hay varias medidas paliativas para esas empresas como, por ejemplo, las provisiones de liquidez que ha asegurado el Banco Central. Se trata de medidas técnicas complejas para los no iniciados, pero de gran efectividad. En particular, en las operaciones monetarias con el sistema bancario, el Banco Central está aceptando como colateral bonos emitidos por empresas no bancarias. Se trata de una forma de asegurar la liquidez para esos instrumentos en la actual coyuntura. Estamos hablando de una medida en extremo inusual para un banco central, y que utilizó la Reserva Federal de EE.UU. durante la crisis subprime para evitar una cesación de pagos de la General Motors. Pero más allá de ese y otros ejemplos, no descarto que en casos extremos el Estado vaya más allá. Pero ese tipo de eventualidad debería tratarse caso a caso, considerando solo préstamos con garantías patrimoniales a favor del Fisco. La idea es que si la empresa es viable en el largo plazo, ese tipo de préstamos le permita prorratear los costos del Covid en plazos más largos.
Pero hay otras ayudas que me merecen reparos. Por ejemplo, que grandes empresas se acojan a la Ley de Protección al Empleo. La Ley debió haber considerado que las grandes empresas que deseen acogerse a ese beneficio deban demostrar que está en riesgo su viabilidad. De lo contrario, se trataría solo de traspasar sus costos a la planilla de remuneraciones. Me pareció bien, pero insuficiente, que se considerara que la empresa que se acoja a esa ley no pueda distribuir dividendos.
Al momento de cerrar esta columna se hizo pública la noticia que Cencosud no se acogerá a la Ley de Protección al Empleo, como había anunciado antes. Me alegra profundamente esa decisión. De haber persistido en aquello, habría sido un resabio del capitalismo salvaje que existió en Chile hasta no hace mucho.
Cuando se reinauguró la democracia en 1990, se heredó una economía en estado salvaje. El skimming en las AFP, el trato a las pehuenches cuando se construían hidroeléctricas en el Alto Biobío (“no somos una institución de beneficiencia” señaló el gerente general de la empresa involucrada), el premio exagerado en el precio de las acciones controladoras (recuérdese el caso Chispas), las decisiones de los supermercados de postergar el pago a los proveedores en medio de la crisis asiática, y, más en general, el desenfado con el que muchas empresas le metían la mano al bolsillo a la gente.
Ha habido un proceso largo, que todavía no termina, de avanzar hacia un capitalismo más comprometido con la sociedad y su entorno. Un capitalismo más moderno.
