Por Arturo Brandt, master of Law in Environmental Laws, Vermont Law School
En Chile, es evidente el aumento exponencial de las inversiones verdes, sin embargo, resulta más interesante aún profundizar en dos aspectos: uno de ellos es el “divestment”, es decir, dejar de invertir en activos con contenidos de carbono. El otro, y crucial, es el desarrollo de políticas públicas y regulaciones que “empujen” a la economía, y a los distintos actores, hacia este tipo de inversiones.
Sin duda, el driver de los asesores financieros, en Wall Street, la City de Londres, las bolsas de Santiago, y en todo el mundo, es hacer que el dinero de sus inversionistas se multiplique. Si esto, además, va alineado con inversiones medioambientalmente amigables, mucho mejor. Sin embargo, ese no es su rol.
Por ello, la crisis climática no puede ser solucionada solo con el libre mercado, sino que requiere de ajustes regulatorios para cambiar este paradigma y “empujar” al sector financiero a considerar los efectos del cambio climático. Con esto, mover recursos hacia inversiones verdes, no significará que los que contaminan no encontrarán inversionistas que compren sus activos. El argumento es similar al que se utiliza en el “divestment”: si se venden las acciones de una compañía, que tiene una alta huella de carbono, la empresa y sus emisiones no desaparecerán, sino que solo cambiarán de dueño.
Algunos inversionistas lo saben y conocen la solución, el punto es que no les gusta ni les acomoda. Por ello, es crucial un rol activo del regulador, que genere desincentivos a proyectos que emiten CO2 e impulse la migración hacia emisiones verdes. Hoy necesitamos normativas legales modernas y permanentes en el tiempo, que encarezcan el costo de contaminar, un ejemplo es la creación de un precio al carbono. Así, una vez que existe este costo asociado, tenga por seguro que cada portafolio de inversiones será ajustado en función de las señales de la autoridad y la reacción del mercado.
Hoy, la CMF está trabajando para que las empresas transparenten sus emisiones de carbono. Un caso es la circular 386, misma que busca proveer al mercado, particularmente a los inversionistas, de información en materia medioambiental y social, para que puedan considerarla en sus decisiones de inversión. Sin embargo, no basta con que esto venga de la autoridad, pues es necesario que compañías e inversionistas vean un poco más allá, incluso fuera de nuestras fronteras, cómo avanzan estas temáticas y sean proactivos en su consideración. De lo contrario, están expuestos a que llegue un inversionista, un nuevo director y/o el regulador y los obligue a reaccionar, pero, a esa altura, puede ser muy caro, muy tarde e inviable.
